La mesa de gobernanza multinivel permitirá a regiones como Beni (Bolivia), Arica y Parinacota (Chile), Rondonia (Brasil) y otras adherentes coordinar directamente aspectos técnicos, ambientales y logísticos. Este modelo de integración «de abajo hacia arriba» marca un precedente en la geopolítica sudamericana, donde históricamente han predominado las iniciativas entre gobiernos centrales.
En el marco del Primer Nodo Bioceánico en Arica, el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, reveló que el megaproyecto de integración sudamericana ha establecido una mesa de gobernanza con cuatro países, aunque el financiamiento para su concreción dependerá de mecanismos alternativos como bonos de carbono y desarrollo turístico, en un modelo que busca ser pionero en la región.
Durante la segunda jornada del Primer Nodo Bioceánico “Desafíos y oportunidades para la macrozona andina”, el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, afirmó que el Corredor Bioceánico Central requiere una inversión estimada de 3.200 millones de dólares en una década.
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“Se necesita aproximadamente 3.200 millones de invertir en 10 años, pero eso sale también a través del turismo, de los bonos de carbono, de los bonos azules, los bonos que podemos captar nosotros de parte del Estado, de asociaciones público-privadas”, explicó la autoridad ante representantes de Chile, Perú, Brasil y Bolivia.
La declaración de Unzueta puso números concretos a la ambiciosa iniciativa que busca conectar el Atlántico con el Pacífico a través del corazón de Sudamérica. El monto mencionado equivale a aproximadamente un 15% del Producto Interno Bruto actual de Bolivia, dimensionando el alcance del proyecto de infraestructura que promete revolucionar el comercio regional.
Paralelamente al desafío financiero, los gobiernos subnacionales de los cuatro países participantes firmaron una Declaración Conjunta que establece la creación de una Mesa de Gobernanza del Corredor Bioceánico Central. Este mecanismo de coordinación multilateral busca dar sostenibilidad política al proyecto más allá de los cambios de gobierno nacionales, constituyéndose en un espacio permanente de articulación.
El modelo de financiamiento propuesto por Unzueta representa un enfoque innovador para proyectos de infraestructura en la región. Los bonos de carbono y azules, mecanismos de mercado que compensan la protección ambiental, junto con las proyecciones de desarrollo turístico, serían los pilares para atraer capitales sin depender exclusivamente de presupuestos estatales tradicionales.
La mesa de gobernanza multinivel permitirá a regiones como Beni (Bolivia), Arica y Parinacota (Chile), Rondonia (Brasil) y otras adherentes coordinar directamente aspectos técnicos, ambientales y logísticos. Este modelo de integración «de abajo hacia arriba» marca un precedente en la geopolítica sudamericana, donde históricamente han predominado las iniciativas entre gobiernos centrales.
Mientras la hoja de ruta de gobernanza queda establecida, la viabilidad financiera del corredor se convierte en el próximo gran desafío. El éxito o fracaso en la captación de estos 3.200 millones de dólares a través de mecanismos innovadores determinará si el proyecto se consolida como un eje transformador o queda en otra iniciativa de integración inconclusa.