El constitucionalista sostuvo que la reestructuración es indispensable para que el TCP continúe protegiendo los derechos fundamentales de la población y para que la crisis institucional no sea utilizada como argumento político por quienes usurparon funciones.
eju.tv / Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El constitucionalista José Antonio Rivera afirmó que la crisis institucional que atraviesa el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene una salida inmediata y viable: reformar la Ley 027 para reducir el número de magistrados y habilitar a los suplentes, de modo que el tribunal continúe despachando causas sin paralizar la justicia constitucional.
Rivera respondió a quienes sostienen que sin los cinco magistrados autoprorrogados la justicia quedaría paralizada. “Para la gente que cree que la justicia va a dejar de funcionar si estos cinco autoprorrogados no están en sus funciones… Con que dejen de usurpar funciones, el mundo no se acaba ni se paraliza la justicia constitucional. Es un argumento falaz”, afirmó en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen María Belén Mendivil y Jorge Robles.
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El jurista recordó que los propios magistrados prorrogados dejaron evidencia de su falta de trabajo efectivo. “Informaron desde el Tribunal Constitucional que estos ciudadanos han dejado acumulados 17.500 expedientes. Es decir, que no trabajaban a tiempo completo. Fue mentira que digan que trabajaban a su capacidad”, sostuvo.
¿Qué casos conoce el Tribunal Constitucional?
Rivera explicó que el TCP no solo resuelve acciones de inconstitucionalidad de leyes o normas autonómicas, sino que también cumple funciones esenciales para la ciudadanía. Controla que las autoridades no usurpen competencias, garantizando el equilibrio institucional. Protege los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de acciones tutelares como la acción de libertad, para resguardar la vida y la libertad física ante detenciones ilegales, la acción de amparo, que protege derechos como el trabajo, la seguridad social, la vivienda, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la información.
Estas causas, explicó, llegan al TCP cuando una sentencia de un juez o sala constitucional debe ser revisada para confirmar o corregir el fallo. “Estas son la mayoría de las causas que llegan. Y se resuelven por salas”, indicó.
Actualmente, el TCP cuenta con cuatro magistrados titulares, lo que permite mantener en funcionamiento dos salas. Sin embargo, no puede conformar sala plena, necesaria para resolver acciones de inconstitucionalidad y consultas, porque la Ley 027 exige un mínimo de seis magistrados.
En ese marco, Rivera planteó una salida legislativa inmediata para superar el vacío institucional, como modificar el artículo 13 de la Ley 027 para reducir de nueve a cinco el número de magistrados del TCP y con esa reforma, los cuatro magistrados actuales podrían conformar sala plena. Posteriormente, convocar a los magistrados suplentes, elegidos por voto popular, para conformar salas liquidadoras y atender los miles de casos pendientes y luego emitir una ley de transición que habilite la reorganización operativa del Tribunal Constitucional.
“Vamos a tener funcionando las cuatro salas, que despacharán amparo, acción de libertad, acción popular, acción de cumplimiento y protección de privacidad. El tema es que exista voluntad política”, subrayó.
Por otro lado, Rivera lamentó que, pese a la gravedad de la crisis, la Asamblea Legislativa aún no haya aprobado esta reforma mínima. “A estas alturas la Asamblea ya debería estar emitiendo una ley de tres artículos. Con eso se soluciona el aparente vacío de cinco magistrados en el tribunal”, sostuvo.