Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo son los cinco magistrados de los que se pide activar la alerta migratoria.
Las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio y Amalia Laura Villca, solicitaron este lunes a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca la activación de alerta migratoria contra los cinco magistrados “autoprorrogados”, quienes la anterior semana fueron denunciados por los delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres.
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«Los ahora denunciados se encuentran dentro de una de las causales de peligro de fuga establecidas en el artículo 234 del Código Penal, toda vez que en su calidad de magistrados del TCP, tienen las facilidades para abandonar el país sin responder a la justicia, más aún con pasaporte diplomático, el cual facilita la salida del país flexibilizando de sobremanera en su favor los controles en todas las fronteras de nuestro país y sobre todo en los aeropuertos aéreos y terrestres que permiten su salida, además de contar con los suficientes recursos económicos a disposición para ejecutar cualquier salida del territorio nacional (….)», señala el documento de requerimiento fiscal.
Las magistradas que hacen el requerimiento son: Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, ambas interpusieron la demanda penal por la comisión del delito de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres, mismas que se interpone en contra de los autoprorrogados: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.
La magistrada Prudencio informó que la denuncia penal fue presentada la anterior semana, luego de que, mencionó, los cinco magistrados prorrogados emitieran un Auto Constitucional el 31 de octubre, con el cual habilitaron una tercera autoprórroga para mantenerse en sus cargos, pese a que su mandato concluyó en diciembre de 2023.
Prudencio y Villca sostienen que esta actuación constituye una vulneración normativa y que, debido al cargo que ostentan los denunciados, existe riesgo de fuga, ya que cuentan con pasaportes diplomáticos, facilidades de viaje y recursos económicos suficientes para abandonar el país.