Saravia implica al exministro Hugo Moldiz, al expresidente del TSJ Pastor Mamani, el exfiscal Ramiro Guerrero y miembros del CONARE en pagos irregulares y presiones para ocultar la verdad.
eju.tv / Video: DTV
El exfiscal Anghelo Saravia afirmó que la llegada, estadía y posterior fuga del empresario peruano Martín Belaunde Lossio en Bolivia, en 2015, estuvieron marcadas por sobornos, favores judiciales y protección política desde el gobierno de Evo Morales; según su testimonio, altos funcionarios del órgano Ejecutivo de entonces, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público habrían recibido dinero o actuado para encubrir los hechos.
Saravia, quien investigó el caso entre 2015 y 2016, señaló directamente al entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz; al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; al exfiscal general, Ramiro Guerrero; y al exfiscal departamental de La Paz, Paul Franco. También apuntó a miembros de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) por presuntos cobros irregulares para favorecer a Belaunde con el estatus de refugiado político.
“El señor Martín Belaunde llegó a Bolivia porque el gobierno de Evo Morales, mediante su ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, le prometió refugio político. Luego, cuando el Conare le negó esa solicitud; la Corte Suprema, presidida por Pastor Mamani, le dio detención domiciliaria tras recibir más de 70 mil dólares en Sucre”, sostuvo Saravia en alusión a una supuesta coima que habría recibido la exautoridad judicial.
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Foto: captura de pantalla
Según la versión del exmiembro del Ministerio Público, el ciudadano peruano habría pagado sumas mayores para evitar su extradición, y esas transacciones involucraron a autoridades judiciales y fiscales. Saravia relató que Juliano Arista, conocido en el país como el ‘Curaca Blanco’, quien fue detenido por la fuga de Belaunde, declaró en su momento que Móldiz le pidió 350 mil dólares ‘mediante su gobierno’ para garantizarle asilo político.
El exfiscal añadió que, cuando presentó esa declaración, recibió presiones directas de la máxima autoridad del Ministerio Público de La Paz. “El fiscal departamental Paul Franco me dijo que cambiara la declaración, que no podía involucrar a la gente del gobierno, porque si no mi madre, mi esposa y mi hija irían a la cárcel”, reveló. Saravia denunció además que las investigaciones fueron bloqueadas desde la Fiscalía General.
“Les dije que había que aprehender a Moldiz o procesar a Pastor Mamani, pero respondieron que no había que tocarles; notifíquenles como testigos. Ahí estaba Paul Franco, parecía su abogado”, afirmó. El exfiscal también apuntó a vocales y jueces –entre ellos Ramiro López y Ricardo Chumacero– por supuestos pagos y beneficios materiales para favorecer al empresario peruano durante su proceso de refugio y detención.
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Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente peruano Ollanta Humala, ingresó a Bolivia el 1 de diciembre de 2014 por Desaguadero, tras ser acusado en el Perú por corrupción en el caso “La Centralita”. Solicitó refugio político ante el Conare, porque alegó que había una persecución política de las autoridades de su país en su contra; sin embargo, su pedido fue rechazado.
Mientras se definía su situación, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso detención domiciliaria en La Paz, medida cuestionada por irregularidades en su autorización. En mayo de 2015, Belaunde fugó de su vivienda custodiada por la Policía y fue recapturado días después en el departamento de Beni, en una operación que dejó dudas sobre una supuesta complicidad institucional para favorecer su huida.
Pese a que el gobierno de Evo Morales sostuvo entonces que no concedería refugio a prófugos por corrupción, la fuga del empresario puso en entredicho el control judicial y la independencia de la justicia boliviana. Ahora, las declaraciones de Saravia reavivan ese debate y ponen bajo la lupa al aparato judicial de la era evista, señalado desde entonces por su probable subordinación al poder político y la impunidad en casos sensibles.
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Empero, hasta ahora, no existe prueba plena sobre las acusaciones de soborno mencionadas por Saravia. Los implicados –Moldiz, Mamani, Guerrero y Franco– tampoco se han pronunciado sobre sus declaraciones. El TSJ anunció, sin embargo, que revisará los antecedentes del caso, tras las nuevas denuncias del exfiscal.
Por su parte, el Ministerio de Justicia aclaró que el actual titular, Freddy Vidovic, quien supuestamente estuvo involucrado en el caso, no tiene antecedentes penales ni vinculación formal con el expediente, según certificó el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP). El testimonio de Saravia, aunque aún sin respaldo judicial, abre nuevamente el debate sobre la manipulación política de la justicia durante el ciclo del MAS y la necesidad de una revisión independiente del caso Belaunde, que simboliza una de las fugas más polémicas del último gobierno de Evo Morales.