Los vocales electorales fenecen su mandato en menos de un mes, solamente Gustavo Ávila puede continuar en funciones siempre y cuando el presidente Rodrigo Paz así lo determine. La salida del laberinto electoral pasa por opciones que requieren voluntad política, claridad normativa y rápidas garantías de transparencia.
Los vocales electorales actuales. Foto: OEP
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta un momento crítico, los plazos para la elección de nuevos vocales electorales se acortan cada vez más y la falta de aprobación de la ley para la convocatoria y elección de nuevos miembros de la instancia rectora de los procesos de votación erosión de confianza pública pone en riesgo la capacidad del organismo para organizar comicios legítimos y evitar futuras demandas que pongan en riesgo la credibilidad e institucional del ente.
Dadas las condiciones actuales y con la pausa definida en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para el tratamiento de la norma correspondiente hasta por lo menos el 1 de diciembre, cuando los asambleístas titulares retomen sus funciones, el panorama se torna cada vez más complicado, porque los tiempos apremian y las rutas legales se agotan, aspecto que puede afectar al trabajo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en la preparación de los comicios subnacionales.
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Por ello, existen dos escenarios que afronta este proceso de selección y elección de nuevos vocales electorales. El primero de ellos pasa necesariamente por un acuerdo político y designaciones legislativas rápidas. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conduce el proceso de preselección y nombramiento a través de una comisión mixta, según el reglamento vigente; varios asambleístas proponen acelerar la convocatoria y selección de los candidatos. Esta vía exige un consenso amplio entre todas las fuerzas.
Sin embargo, el marco normativo y los tiempos juegan en contra. La Ley Nº 018 del OEP y la normativa transitoria fijan procedimientos: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe lanzar la convocatoria con anticipación (unos 45 días antes de la designación para la publicación y recepción de postulantes) y el reglamento determina etapas de evaluación, impugnaciones y selección pública con requisitos de idoneidad y no militancia reciente. Este plazo ya no puede ser cumplido si se toma en cuenta que el 18 de diciembre fenecen en su mandato las actuales autoridades electorales.
La sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Foto: Diputados
Si bien, existe la posibilidad de que en la ley transitoria se establezca un plazo acortado (menor a 18 días), este obliga a actuar con celeridad administrativa para no comprimir etapas esenciales. En este caso, la voluntad política de todas las fuerzas con representación parlamentaria es fundamental. Si no existen los dos tercios garantizados para todo el proceso de selección, el esfuerzo habrá sido en vano, lo que dará paso al escenario negativo.
Es decir, si la ALP no actúa ya sea por división política o falta de quorum, el TSE queda debilitado, porque se expondrá a que sus decisiones sean cuestionadas y se incremente el riesgo de recursos que pueda paralizar los futuros comicios subnacionales, tal cual sucedió en las elecciones judiciales de 2024 y que terminaron con la prórroga de magistrados que ahora afrontan a la justicia por haber usurpado funciones de manera inconstitucional.
Voces dentro del TSE han advertido sobre el riesgo para la democracia si se permiten acciones legales o dilaciones que afecten la normalidad electoral. La Defensoría y observatorios ciudadanos han llamado a priorizar la designación para evitar ese desenlace. En reiteradas oportunidades, el vocal Gustavo Ávila, solicitó a la ALP acelerar los procedimientos legales para garantizar la designación de nuevas autoridades, tanto en el nivel nacional como en los tribunales electorales departamentales (TED).
La anterior Asamblea no pudo culminar el proceso. Foto: Diputados
Al respecto, el senador de Libre afirmó que, “cuando hay voluntad política se pueden acortar los plazos. Sé que no es lo más indicado, pero esperemos que llegue el proyecto de ley al Senado para poder tomar una decisión”, afirmó, para asegurar después que su bancada hará los esfuerzos correspondientes para que a la brevedad posible se pueda aprobar y llevar adelante el proceso de selección y designación, como indica la normativa.
Seis de los siete vocales del OEP concluyen su mandato el 19 de diciembre, la ALP debe proceder a la designación de nuevas autoridades, conforme establece la Constitución Política del Estado (CPE). Gustavo Ávila, cuyo cargo está en manos del presidente Rodrigo Paz, expone la seriedad del problema que se avecina si no se elige a los sustitutos. La pelota está en la cancha de la ALP que debe mostrar compromiso con el país y la democracia, y pisar el acelerador para dar certidumbre a la población que exige transparencia electoral.