El encuentro interinstitucional que se lleva a cabo en Sucre definirá propuestas sobre presupuesto, carrera judicial, reforma normativa y modernización tecnológica para iniciar la reestructuración del sistema.
El TSJ en Sucre. Foto: ABI
El ‘Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial’, instalado este viernes en Sucre con la presencia del presidente Rodrigo Paz, los titulares de las cámaras legislativas y representantes de los cuatro órganos del Estado, trabajará sobre cuatro ejes estratégicos destinados a iniciar la recuperación del sistema tras dos décadas de deterioro institucional, según las declaraciones de los representantes de los cuatro órganos del Estado presentes en la cita.
El primer eje, presupuesto judicial, apunta a resolver una de las causas estructurales del colapso del sistema, que es la falta crónica de recursos. El Órgano Judicial funciona desde hace años con un financiamiento que no supera el 0,5% del Presupuesto General del Estado, situación que ha impedido contratar más jueces, modernizar infraestructura y garantizar independencia operativa. En Sucre se discutirá un nuevo modelo de financiamiento, estable y blindado frente a presiones políticas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El segundo eje es la carrera judicial, considerada central para desmontar la lógica partidaria que dominó los nombramientos durante el ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS). Se debatirá la creación de un sistema meritocrático real, con evaluaciones técnicas, concursos transparentes, estabilidad laboral y un régimen disciplinario independiente, capaz de sancionar tanto la corrupción como la interferencia política.
Miembros del Órgano Judicial. Foto: Correo del Sur
El tercer eje, reforma normativa, buscará actualizar y simplificar el marco legal: procedimientos penales más ágiles, reducción de la prisión preventiva, fortalecimiento del control constitucional y límites precisos a la discrecionalidad de fiscales y jueces. Este capítulo apunta a desmontar la estructura legal que permitió la judicialización de la política y la impunidad selectiva. El compromiso de las fuerzas con representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Finalmente, el cuarto eje estará centrado en tecnología e innovación. La digitalización de expedientes, la implementación de firmas electrónicas, audiencias virtuales y sistemas de trazabilidad son medidas prioritarias para evitar la manipulación de causas, acelerar procesos y garantizar transparencia. La modernización tecnológica será un pilar para que la reforma sea sostenible y verificable.
Al respecto, el analista y sociólogo Franco Gamboa afirma que la crisis de la justicia no solo es un problema de presupuestos insuficientes para movilizar los aparatos burocráticos en los juzgados, sino “una combinación entre la falta de independencia del Poder Judicial en su conjunto, y el despliegue de la corrupción cuando los jueces y abogados supeditan todo trabajo al dinero fácil y a las influencias políticas del poder. La consecuencia directa es una institucionalidad anómala que va deslegitimando el Poder Judicial y haciendo ver que el mismo sistema democrático no vale la pena”, puntualiza.
Foto: captura de pantalla
Por su parte, el experto internacional, Rodrigo Morales, estima que el reto es retomar el apego a la doctrina del derecho, para que el sistema no se contamine con decisiones políticas, tal cual sucede en la actualidad, porque el poder judicial está sometido estructuralmente al Órgano Ejecutivo y a los electores. “Todo proceso judicial nace bajo sospecha. Los buenos de hoy serán los malos del mañana”, ilustra en referencia al sometimiento de las decisiones judiciales al momento político, para luego incidir en que “un cuerpo profesionalizado de juzgadores lo que nos garantiza es que su compromiso será con la congruencia y solvencia de sus sentencias”.
A la cumbre asisten representantes de los cuatro órganos del Estado, porque la tarea debe tener el respaldo y aquiescencia de los representantes de cada uno de ellos para que, desde el ámbito de su competencia, coadyuven a la mejora del sistema judicial. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recientemente electos, la Policía Boliviana, colegios de abogados y expertos en administración judicial, serán actores fundamentales de esta cruzada anunciada por el presidente Rodrigo Paz.
El objetivo es alcanzar un plan de acción integral que permita romper con el modelo politizado del pasado. Si bien es imposible lograr cambios profundos en una sola jornada, lo realmente importante será establecer un camino claro hacia reformas estructurales. Bolivia necesita una justicia eficiente, transparente y confiable, que brinde seguridad jurídica a los ciudadanos, confianza a los inversores y esperanza a las generaciones venideras.