El gobierno de Rodrigo Paz presenta un paquete de medidas sobre todo impositivas en un escenario marcado por la volatilidad cambiaria, la escasez de combustibles y la necesidad urgente de liquidez.
El presidente lanzó las primeras medidas económicas. Foto: Red Uno
Este martes 25 de noviembre de 2025 el Ejecutivo dio a conocer un conjunto de medidas económicas; el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza anunciaron las acciones destinadas a ‘reordenar’ la economía y atraer inversión. El anuncio ocurre en un contexto donde el boliviano cotiza oficialmente a 6,96 Bs por dólar, pero que, en el mercado paralelo sobrepasa los Bs 10; por ello, las presiones sobre el mercado cambiario y el abastecimiento de combustibles son las principales preocupaciones públicas.
El panorama actual revela una economía que, tras meses de tensión, registra señales mixtas. El tipo de cambio oficial del Banco Central marca 6,96 bolivianos por dólar este 25 de noviembre de 2025, pero el país arrastra episodios recientes de elevada volatilidad en el mercado paralelo: en mayo de este año el dólar paralelo llegó a cotizar hasta 20 bolivianos, lo que disparó la inflación, ahora, se sitúa en Bs 10,46, pero aún tiene variaciones notables. Para sopesar esa brecha que genera una vulnerabilidad se requiere medidas de oferta de dólares y confianza fiscal.
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Por lo pronto, el gobierno anunció una mayor celeridad a los pagos a los proveedores con los que el Estado tiene cuentas pendientes; así como la abrogación de cuatro impuestos. “Hemos decidido abrogar cuatro impuestos: el impuesto a las transferencias financieras (ITF), impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales”, informó el ministro Espinoza.
El titular de Economía y Finanzas aseguró que estos cuatro impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, pero, provocaron una serie de problemas y contradicciones en el ámbito de negocios. “El impuesto a las grandes fortunas ha representado una salida de capitales de Bolivia, un desincentivo muy fuerte a las inversiones extranjeras en el país”, dijo el ministro Espinoza.
Otra de las medidas es la modificación de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, con la finalidad de reducir el 30 por ciento del gasto fiscal. Para ello, Espinoza anunció que habrá una evaluación minuciosa de los gastos de funcionamiento del Estado; vale decir, que se revisarán y ajustarán diferentes ítems de la ley financial para luego enviar la proyección final ajustada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El gobierno de Paz afronta un límite fiscal estrecho, el programa anunciado combina promesas de estímulo a la inversión sobre todo privada con la necesidad de financiamiento externo por lo menos en la primera etapa. Analistas advierten que, sin acciones como la consecución de ingresos adicionales verificables o recortes de gasto permanentes, las medidas podrán tener un efecto temporal sobre la liquidez, pero no sobre la confianza de mediano plazo.
La provisión de carburantes es un asunto neurálgico. En los primeros días del gobierno de Paz se detectó una reducción de filas en estaciones de servicio, señal de una mejora en la logística y el abastecimiento, pero no necesariamente de una solución estructural al costo del combustible para consumidores y empresas. Sin embargo, se espera que se normalice la distribución de los carburantes en el país y que, con las medidas del gobierno, las largas filas de días solamente sean un mal recuerdo.
El descenso de las filas por combustibles y la reducción de algunos precios han venido acompañados por una caída del dólar en el mercado paralelo respecto a sus picos de mayo, pero eso no equivale a normalidad. El tipo de cambio oficial se mantiene administrado y estable por ahora, pero la brecha con el paralelo y la percepción de escasez de divisas son la ‘bomba de tiempo’ que obliga a medidas creíbles: acceso a financiamiento externo, líneas de crédito puente y reformas que incentiven la entrada de dólares productivos (exportaciones, inversión privada).
En cuanto a la política de subsidios, dentro del PEG se puede contemplar el recorte de estos para mejorar las cuentas fiscales, pero presionará el costo de vida; sno obstante, mantenerlos sin ajuste profundiza tensiones presupuestarias. La reacción de sindicatos, transportistas y gremios de panificadores, entre otros, a cualquier intento de recorte de subsidios o aumento de precios podría traducirse en protestas o bloqueos que paralicen la economía y erosionen la confianza de inversionistas.
Los anuncios llegan además en un escenario político fragmentado: aunque Rodrigo Paz asumió con una promesa de ‘capitalismo para todos’ y apertura internacional, su gobierno no cuenta con mayoría legislativa plena y enfrenta críticas internas, incluida la de su propio vicepresidente, que limitan los márgenes de maniobra. Empero, las medidas presentadas este martes constituyen una oportunidad para devolver la previsión necesaria.