El presidente brasileño valoró la decisión del Supremo Tribunal Federal de mantener la pena de 27 años de prisión contra su antecesor. La sentencia marca un hito judicial y político.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró este miércoles que la ejecución de la pena de 27 años de prisión contra Jair Bolsonaro por el intento de revertir las elecciones de 2022 constituye “una lección de democracia para el mundo”. El ex mandatario de ultraderecha comenzó a cumplir la condena el martes, después de que el Supremo Tribunal Federal dejara firme la sentencia dictada en septiembre.
Lula afirmó en un acto oficial que la decisión judicial representa “un paso importante” para fortalecer las instituciones brasileñas. Según explicó, el juicio del Supremo transcurrió “sin ningún alarde” y con independencia frente a las presiones externas. El presidente aludió así a las sanciones comerciales y políticas que Estados Unidos impuso a Brasil durante el proceso, después de que Donald Trump calificara la investigación de “caza de brujas”.
Bolsonaro fue declarado culpable por conspirar para impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. Las autoridades brasileñas le atribuyen un plan para desestabilizar la transición y favorecer un movimiento insurreccional. La sentencia incluyó la participación de antiguos colaboradores cercanos, entre ellos generales y ex ministros que integraron su Gobierno entre 2018 y 2022.
Lula subrayó que el proceso judicial se inició por denuncias internas y no por acusaciones de la oposición. Según dijo, fueron “miembros de la banda que intentó dar un golpe” quienes aportaron información clave para la investigación. Destacó además el carácter inédito del fallo: “por primera vez en 500 años de historia de Brasil”, un ex presidente y varios altos mandos militares cumplen condena por un intento de golpe.
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El ex mandatario fue trasladado el sábado a dependencias de la Policía Federal, después de que las autoridades anularan su régimen de detención domiciliaria por incumplir medidas cautelares relacionadas con el uso de una tobillera electrónica. El Supremo determinó que Bolsonaro intentó manipular el dispositivo que controlaba sus movimientos, lo que aceleró su envío a un centro de custodia.
La causa por el intento de golpe forma parte de un conjunto más amplio de investigaciones abiertas contra Bolsonaro desde que dejó el poder en enero de 2023. Entre ellas figuran supuestos fraudes durante la pandemia, el uso político de la Policía Federal y la apropiación indebida de joyas extranjeras recibidas como obsequios oficiales. Todas estas investigaciones avanzan por separado y mantienen al expresidente en una situación jurídica delicada.
Los hechos que derivaron en la condena se remontan a las movilizaciones que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula. Miles de seguidores se concentraron ante cuarteles y edificios públicos para exigir una intervención militar. La crisis culminó el 8 de enero de 2023, cuando grupos radicalizados irrumpieron en las sedes del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio del Planalto en Brasilia, en un episodio que evocó el asalto al Capitolio en Estados Unidos.
La firmeza del fallo del Supremo tiene una dimensión geopolítica. Durante el proceso, la Administración Trump impuso restricciones comerciales y políticas a Brasil, justificadas en su denuncia de que Bolsonaro estaba siendo perseguido. Washington mantiene posiciones divididas sobre el caso desde el retorno de Trump al poder, mientras que la Unión Europea ha insistido en la necesidad de preservar la independencia judicial brasileña.
La condena modifica el tablero político de cara a las próximas elecciones municipales y nacionales. Con Bolsonaro inhabilitado y encarcelado, el liderazgo de la derecha queda abierto a disputas internas. Figuras como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y la senadora Tereza Cristina comienzan a perfilarse como alternativas, aunque sin el peso electoral del expresidente.
Lula afirmó que no celebra las condenas de sus adversarios, sino la madurez institucional del país. Aseguró que la decisión del Supremo muestra que la democracia brasileña “vale para todos” y que las Fuerzas Armadas deben permanecer subordinadas al poder civil. El presidente evitó señalar nuevos pasos en la agenda judicial, pero dio por hecho que el caso marcará la relación entre política y Justicia en los próximos años.