Paola Verónica Prudencio afirma que cinco magistrados continúan en el cargo ‘de manera inconstitucional’, bloquean reformas internas y mantienen el control del Tribunal Constitucional mediante sentencias ‘en causa propia’.
eju.tv / Video: DTV
La magistrada electa del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Verónica Prudencio denunció que la convivencia dentro de ese órgano se ha vuelto ‘insostenible’ debido a la presencia de los cinco magistrados autoprorrogados, quienes –según afirma– continúan en el ejercicio de sus funciones de manera inconstitucional; en ese sentido, demandó que las fuerzas políticas con representación en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprueben una ley que los cese de inmediato.
Prudencio aseguró que, a diferencia de los prorrogados, los cuatro magistrados electos tienen el objetivo claro de recuperar la institucionalidad del Tribunal Constitucional, de imponer el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las normas vigentes, para que se restablezca el orden democrático. Sin embargo, señaló que desde enero la relación con los autoprorrogados es ‘tensa’ y marcada por una dinámica de imposición, ya que, al tener mayoría, cinco contra cuatro, imponen su criterio en la votación.
“Evidentemente nosotros nos sentimos amordazados, inmediatados, sentimos que el Tribunal Constitucional está secuestrado, no nos sentimos en la libertad de poder asumir plenamente las atribuciones que están encomendadas en la Constitución Política del Estado por el voto popular y por voluntad del soberano. Lamentablemente la situación es bastante crítica. Hemos visto con bastante preocupación que se han instrumentalizado las acciones constitucionales, se ha instrumentalizado al propio Tribunal Constitucional Plurinacional”, lamentó.
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Foto: captura de pantalla
Asimismo, la magistrada denunció un colapso administrativo heredado, porque –apuntó– al ser elegidos ingresaron en 2018 sin mora procesal y en la actualidad existen más de 17.000 causas pendientes, debido a que no se hizo una actualización tecnológica y procesal que permita optimizar los tiempos de respuesta a los diferentes trámites que cursan en ese al tribunal; cuestionó además que los sorteos continúen de manera manual ‘con papelitos’, sin transparencia ni publicidad.
“El tema de las notificaciones, también no puede ser que el más alto tribunal de justicia constitucional no vaya pues de la mano con esta modernización tecnológica, con la que sí cuentan por ejemplo otros órganos del Estado. Hemos planteado nosotros también la unificación de la jurisprudencia. Existe jurisprudencia contradictoria y eso es un clamor del justiciable, de los abogados. Hemos ingresado con una serie de propuestas y, reitero, a la fecha no hemos visto ningún resultado”, señaló.
Según Prudencio, las propuestas de reforma –desde la modernización del sistema, la unificación de la jurisprudencia hasta nuevas reglas para los sorteos– fueron sistemáticamente bloqueadas. “Todas las propuestas que hemos hecho han caído en saco roto. No vemos ningún resultado”, dijo. “La gente clama por una justicia constitucional que sea transparente, que sea accesible, pero sobre todo que pueda resolver sus causas en el menor tiempo posible”, puntualizó la jurista.
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La magistrada también denunció la manipulación de la conformación de salas para mantener el control interno. Explicó que solo una sala, la tercera, es independiente, mientras que las otras fueron ‘impuestas’ por los autoprorrogados. “El Tribunal Constitucional está secuestrado, maniatado, amordazado. No nos dejan desarrollar nuestras funciones”, afirmó. “La doctora Amalia Laura, magistrada electa por el departamento de Potosí, ha expresado en reiteradas oportunidades su voluntad de conformar sala con el doctor Boris Arias. Sin embargo, le han impuesto conformar sala con la magistrada Julia Cornejo”, puso como ejemplo.
Prudencio sostuvo que la raíz del problema es la autoprórroga que los magistrados aprobaron mediante resoluciones ‘falladas en causa propia’. “No es posible que estén en ejercicio de funciones por más de seis años; ya van ocho. La Constitución está por encima de la voluntad de cinco personas”, criticó, a manera de recordar que el artículo 183 establece mandatos de seis años improrrogables. “De la autoprórroga, de la segunda autoprórroga y ahora la tercera autoprórroga indefinida con la emisión del Auto Constitucional 70/2025 que ha sido notificado precisamente en Todos Santos”, precisó
Sobre la vía de salida, la magistrada fue categórica: “La Asamblea tiene la competencia plena para sancionar una ley que los cese en sus funciones” y advirtió que las decisiones del TCP para impedir ese camino forman parte de una estrategia que persiguen los cinco magistrados prorrogados con la intención de ‘perpetuarse en el poder’. “Lo que buscan es mantener el dominio de la sala plena y de la comisión de admisión”, alertó.
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Asimismo, la abogada descartó cualquier ‘vacío de poder’ si los autoprorrogados dejan el cargo. Afirmó que los cuatro magistrados electos pueden conformar salas y garantizar la continuidad institucional hasta que se convoquen las elecciones judiciales. “Ya vivimos una experiencia similar. No hay ningún impedimento constitucional ni legal”, aseguró. “El sometimiento pleno a la Constitución tiene que primar. La Asamblea debe actuar de manera distinta y sancionar una ley que restituya la legalidad”, exigió.