El representante advirtió que «vamos a tomar acciones contra el coronel Hernán Peñaranda Valdelomar, el personal del Tribunal Disciplinario Departamental, el Tribunal Disciplinario Superior (Policial)», y señaló que preparan acciones legales contra quienes consideran responsables de estas presuntas injusticias.
Representantes de más de 100 policías dados de baja a nivel nacional, concentrados principalmente en Cochabamba, han interpuesto una solicitud formal ante el Comando General de la Policía Boliviana en el que exigen una revisión extraordinaria de sus casos y su inmediata restitución a la institución, bajo el argumento que sus procesos disciplinarios por los eventos de 2019 fueron «armados y amañados», en lo que califican como una injusticia sistemática.
«Tomar en cuenta que se han cometido injusticias con procesos armados, amañados y con procesos que han mantenido pruebas armadas, pero que tampoco han sido presentadas ni reproducidas», afirmó el portavoz policial que cuestionó la legalidad de los procedimientos que llevaron a sus destituciones.
El representante del colectivo de efectivos destituidos fundamentó así su petición sobre “estas graves irregularidades” procesales. La denuncia se extiende hacia las autoridades disciplinarias de la institución policial. El representante advirtió que «vamos a tomar acciones contra el coronel Hernán Peñaranda Valdelomar, el personal del Tribunal Disciplinario Departamental, el Tribunal Disciplinario Superior (Policial)», y señaló que preparan acciones legales contra quienes consideran responsables de estas presuntas injusticias.
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El portavoz precisó la dimensión nacional del problema, aunque con especial concentración en Cochabamba. «Somos más de 100 efectivos a nivel nacional, sin embargo el grueso de estos procesos se ha dado aquí, en Cochabamba donde somos alrededor de 29 efectivos policiales», detalló.
Una de las anomalías más graves señaladas por los afectados se refiere a la conformación de los equipos investigadores. «Si pueden analizar, existen como ocho fiscales y 20 investigadores pero coincidentemente en todos los procesos del supuesto motín han actuado dos fiscales y un investigador. Entonces es mucha coincidencia que sean los mismos investigadores y fiscales en todos los procesos», cuestionó el representante.
Por último, el colectivo estableció plazos para esperar respuestas institucionales antes de escalar sus acciones. «Estamos ya con plazos, estamos esperando las respuestas», afirmó y enfatizó que el Comando General tiene la obligación de «restituirnos, restituir nuestra antigüedad, restituir nuestros sueldos devengados» e iniciar «acción de repetición a los diferentes responsables a nivel nacional» por los daños sufridos.