Dirigidos por Maycol Chura, los deudores de entidades financieras también advierten que pedirán la destitución del diputado Manolo Rojas si insiste en la anulación de la normativa recientemente sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
eju.tv /Video: DTV
Los prestatarios agrupados en La Paz dieron al presidente Luis Arce Catacora un plazo de 24 horas para promulgar la ya sancionada Ley N.º 547/2024‑2025 – llamada también “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Diferimiento de Créditos” –, advirtiendo que, de no hacerlo, asumirán acciones políticas inmediatas para precautelar la norma que supuestamente busca proteger a más de un millón de prestatarios y garantizar la estabilidad financiera del sector.
La norma en cuestión fue sancionada la pasada semana por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en una votación que dio luz verde al diferimiento por seis meses de cuotas de créditos para vivienda de interés social y para micro y pequeñas unidades económicas, junto con la suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales vinculadas a esos créditos. Sin embargo, el instrumento legal es cuestionado por representantes del sistema financiero, empresarios y políticos.
El propósito declarado del instrumento es otorgar un respiro financiero a prestatarios con créditos sociales y productivos afectados por la crisis económica, para mitigar el riesgo de pérdida de bienes, cierre de negocios o ejecuciones judiciales que podrían agravar la recesión, según la exposición de motivos. En este marco, establece que por el plazo de seis meses – a partir de su promulgación – las entidades financieras deben realizar de forma automática el diferimiento de cuotas que comprenden capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.
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Foto: captura de pantalla
Al respecto, Maycol Chura, representante de los prestatarios de La Paz, expresó su respaldo irrestricto a la ley y reclamó la promulgación inmediata por parte del Ejecutivo. Chura indicó que el sector no acepta más demoras y advirtió que, de persistir la paralización, “no sólo actuaremos con movilización, sino que exigiremos responsabilidades políticas contra quienes buscan boicotear este alivio para la gente”. Según indicó, los prestatarios ‘han sido olvidados por años’ y esta ley debe materializarse sin trabas.
El dirigente también mencionó que existe una ofensiva desde algunos sectores legislativos, e identificó al diputado electo Manolo Rojas del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien anunció su intención de impulsar la abrogación de la ley. Frente a ello, los prestatarios plantean pedir la destitución de dicho asambleísta si no se retracta de sus declaraciones que – según ellos – generan incertidumbre entre los beneficiarios.
Empero, la implementación para la vigencia de la norma pasa por varios pasos: primero, la promulgación por parte del presidente; segundo, la reglamentación administrativa que permita a las entidades financieras activar los diferimientos sin trabas; y tercero, la difusión a los prestatarios para que puedan acceder al beneficio. En paralelo, se espera que se establezcan mecanismos de supervisión para evitar que las entidades financieras condicionen u obstaculicen el acceso al diferimiento.
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Sin embargo, la norma no está exenta de críticas. El sector financiero, a través de Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), manifestó su preocupación, porque el diferimiento podría afectar la liquidez del sistema bancario y desincentivar la cultura de pago. También hay observaciones respecto a las modificaciones que introdujo la Cámara de Senadores, que redujeron significativamente el universo de beneficiarios – de 1,4 millones a alrededor de 45.000 –, lo que pone en duda la amplitud del impacto real del alivio.
Desde el Gobierno se sostiene que la medida no compromete la estabilidad del sistema financiero, ya que no se trata de condonación de deuda, sino de una reprogramación temporal de pagos. Pero, para los prestatarios organizados en La Paz, ese ‘aplazamiento’ debe transformarse en una acción visible e inmediata, y la fecha límite de 24 horas impuesta al presidente Arce evidencia esa impaciencia. “Pedimos al presidente Luis Arce Catacora que de una vez promulgue la ley en 24 horas, porque ya hemos esperado demasiado”, dijo Chura.