El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional administraba administraba cinco viceministerios, cinco instituciones descentralizadas y la Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía
Por: eju.tv / Video: Poder, Medios y Miedos
El presidente Rodrigo Paz anunció el jueves el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia, pero no explicó que pasarán con los cinco viceministerios que dependen de esta cartera del Estado. Sin embargo, el ministro de la Presidencia lanzó algunas pistas, aunque la nueva organización sin este despacho debe estar contenido en una ley o, en último caso, en un decreto.
Viceministerios
La cartera de Justicia tenía cinco viceministerios: de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor; de Igualdad de Oportunidades; de Justicia y Derechos Fundamentales; de Justicia Indígena Originaria Campesino; y de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Pero además administraba la Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (Gestora SAJ-RPA), que fue creada mediante el Decreto Supremo N.º 4896, del 22 de marzo de 2023, como una institución pública desconcentrada dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con el objetivo de promover y gestionar servicios de acceso a la justicia, en el marco de la función social de la abogacía.
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Asimismo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ejercía tuición sobre cinco instituciones descentralizadas: Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI); el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU) y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” (SEPMUD).
«Rescate»
Lupo respaldó el cierre de Justicia y, en la misma línea, del presidente Paz, dijo que se trata del cumplimiento de una promesa electoral. En ese marco, deslizó lo que el Gobierno va a «rescatar» de esa cartera.
«Estamos garantizando que los componentes más importantes de ese ministerio se están rescatando, se están rescatando en términos de lucha contra la corrupción y transparencia», indicó el ministro en una entrevista con Poder, Medios y Miedos.
Sin embargo, no mencionó al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, que se constituyó en un despacho clave para enfrentar casos de especulación de productos, defensa de clientes en situaciones de «publicidad engañosa» o «estafas» en materia inmobiliaria, por ejemplo.
Tampoco se refirió a instituciones como SEPDAVI, que atendían a sectores vulnerables en la búsqueda de justicia.
Preocupación
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación precisamente en ese sentido. «El MJTI tiene bajo su tuición reparticiones e instituciones que cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia en razón de género y generacional», se lee en un comunicado publicado el jueves.
«Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano. Así también, tiene bajo tuición el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI, Servicio Integral de Justicia Plurinacional – SIJPLU y otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, de las cuales, varias fueron creadas por las leyes N° 223, 463, 464, entre otras», se añade.
Cinco objetivos
Según su página web, uno de los objetivos de esta cartera del Estado era «promover el acceso a la justicia, procurando la eficiencia en su administración, a través del desarrollo de normas y estrategias integrales para promover su accesibilidad de forma oportuna e igualitaria, con énfasis en los sectores vulnerables de la población. Además de consolidar los procesos de promoción y fortalecimiento de la Justicia Indígena Originario Campesina».
También buscaba «promover la igualdad de oportunidades de la población vulnerable y proteger los derechos de usuarios/as y consumidores/as, a través del desarrollo, implementación y control de políticas públicas, normas y sistemas integrales de capacitación, prevención, protección y restitución de los derechos».
También se trazó la meta de «promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información, educación, participación social, desarrollo normativo, apoyándose en la digitalización de la información y sus registros debidamente protegidos».
Asimismo, otros de los objetivos estratégicos era «consolidar una gestión institucional estratégica y operativa de manera transparente, moderna, eficaz y eficiente, priorizando el desarrollo del talento humano».
Por último, se trazó la meta de «consolidar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el ámbito jurisdiccional y administrativo del sector justicia, y en los mecanismos para promover el acceso a la justicia principalmente de las personas en situación de vulnerabilidad y escasos recursos».