El jefe de Estado remarcó que esta nueva etapa implica fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia en todos los niveles de gestión y la defensa de los derechos humanos.
eju.tv / Video: BTV
El presidente Rodrigo Paz,afirmó este lunes que la transformación de la justicia boliviana inicia con la designación de Marcelo Yamil García como nuevo viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos. Tras la toma del juramento, el mandatario sostuvo que uno de los principales desafíos de su gestión es impulsar una reforma profunda del sistema judicial, en referencia al cierre del Ministerio de Justicia, motivo por el cual encomendó a la nueva autoridad la tarea de establecer puentes y coordinar con las instancias actuales de justicia para encaminar los cambios que el país demanda.
«Viceministro, tiene toda la fe y esperanza depositada. Sé que es un profesional de primera, lo conozco y conozco su capacidad y trayectoria. Con usted empieza, definitivamente, la transformación de la justicia. Este es un hecho claro: murió el Ministerio de Justicia, y ahora nos corresponde a todos construir una nueva visión de justicia que sea eficiente para el pueblo», indicó el mandatario.
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En ese sentido, Paz subrayó que Bolivia debe ingresar plenamente al siglo XXI con una justicia moderna, eficiente y orientada al servicio de la población boliviana. Señaló que el proceso de reestructuración del Gobierno central busca desmontar prácticas heredadas que han frenado el desarrollo institucional y económico del país.
“El Viceministro tiene la misión de generar los nexos con la justicia nacional para impulsar estos cambios, y vamos a apoyar todas las acciones necesarias para que Bolivia ingrese plenamente al siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, pero aún no hemos entrado en él. Seguimos operando con lógicas del siglo XX, con una justicia del pasado y no del presente ni del futuro. Este trabajo debe hacerse de la mano con las instancias del sistema judicial”, expresó.
El jefe de Estado remarcó que esta nueva etapa implica fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia en todos los niveles de gestión y la defensa de los derechos humanos.
La autoridad posesionada, que estará bajo dependencia del Ministerio de la Presidencia, asumió el cargo en un contexto de reformas institucionales orientadas a devolver el Estado al servicio de la sociedad, tras el cierre del Ministerio de Justicia.