La acción municipal se desarrolló en terreno, con la presencia de autoridades y concejales que se trasladaron hasta el paradero de la Línea 15 para entregar la notificación formal.
La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra inició hoy (22) el proceso de notificación y sanción a las líneas de transporte urbano que mantienen paralizado el servicio público desde hace cuatro días, en la que aplicó una multa de Bs 12.000 por cada unidad que no preste servicio. La medida, anunciada por el alcalde Jhonny Fernández, busca obligar al reinicio de las operaciones en una ciudad que sufre una severa crisis de movilidad, aunque la normativa municipal permite a los transportistas impugnar las sanciones.
«Hemos estado toda la mañana fiscalizando al Ejecutivo Municipal. Es la primera notificación que se le hace a la línea 15, pero no es una medida coercitiva la multa, porque en la misma resolución hemos leído que los notificados tienen la posibilidad de impugnar la resolución y que en cinco días puede o no resolverse la ejecución de la resolución», dijo la concejal Lola Terrazas desde el Cuarto Anillo de la avenida Mutualista, donde se realizó la primera notificación.
Terrazas fue más allá en su crítica y señaló que la notificación no resolverá la emergencia de movilidad a corto plazo. «Eso no garantiza que la gente vaya a tener transporte público hoy mismo», afirmó, y añadió que los dirigentes del transporte «no le tienen miedo a la reversión porque el alcalde los ha acostumbrado a no hacer cumplir la ley». La concejal anunció que se analiza «las medidas necesarias» para que la población recupere el servicio en medio de la difícil coyuntura.
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La acción municipal se desarrolló en terreno, con la presencia de autoridades y concejales que se trasladaron hasta el paradero de la Línea 15 para entregar la notificación formal. Según reportes, el secretario de Tráfico y Transporte confirmó que el operativo continuará para notificar a todas las líneas que incumplen con el servicio en el que se mantiene el monto de la multa en Bs 12.000 por unidad debido al grave perjuicio causado a la población.
La advertencia del alcalde Fernández había sido contundente horas antes. Anunció no solo sanciones económicas que oscilan entre Bs 3.000 y Bs 7.000, sino también el retiro del derecho de ruta y de la licencia para operar si los transportistas no reanudan el servicio en un plazo de 24 horas.