El jurista adelantó que se solicitará una investigación penal integral, que incluirá la revisión de los tribunales médicos calificadores, con el fin de establecer si existió corrupción, complicidad o falsificación de documentos en la emisión de los certificados de invalidez.
eju.tv / Video: Erbol
El abogado Abel Loma, en calidad de denunciante, anunció este martes la presentación de una denuncia penal por el presunto delito de falsedad ideológica contra el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, proceso que puede ampliarse a otros exdirigentes sindicales, debido a presuntas irregularidades en la obtención y el cobro de la renta de invalidez.
Según explicó Loma, la denuncia se fundamenta en la emisión y uso de informes médicos presuntamente falsos, mediante los cuales exdirigentes sindicales accedieron a una renta de invalidez del 100%, pese a no cumplir con las condiciones médicas ni laborales exigidas por la normativa vigente.
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“El caso de Huarachi no sería un hecho aislado. Existen indicios de que una cúpula dirigencial habría utilizado certificados médicos irregulares para beneficiarse económicamente, aun cuando no trabajaban en interior mina y realizaban únicamente actividades sindicales”, afirmó el abogado.
En ese sentido, afirmó que este hecho abre un debate, ya que otros sectores laborales pueden pretender aplicar la misma lógica: recibir una renta de invalidez mientras continúan activos laboralmente. Por ello, anunció que, se prepara una segunda denuncia por presunta falsedad ideológica, amparada en el Decreto Supremo 27824, que regula el procedimiento para el trámite de invalidez. Esta norma exige un dictamen emitido por un tribunal médico calificador.
Boletas infladas
El denunciante reveló que, pese a estar declarado en comisión, Huarachi presuntamente percibió ingresos mensuales superiores a los 25.000 bolivianos, producto de la suma de salario base, bonos, incluido un bono de producción, y otros incentivos, los cuales, según Loma, no corresponderían a una persona que no realiza trabajo operativo.
Además, sostuvo que a estos ingresos se sumaría una segunda fuente económica: la renta de invalidez pagada por la Gestora Pública, la cual no figura en la boleta de pago, sino que se entrega de manera separada, lo que, a criterio del abogado, fue omitido deliberadamente en declaraciones públicas del exdirigente.
Diagnósticos médicos
Asimismo, Loma cuestionó los diagnósticos médicos que sustentan la invalidez de Huarachi, los cuales figuran enfermedades graves como insuficiencia respiratoria crónica, silicosis pulmonar, hernia discal severa, gonartrosis bilateral y trauma acústico, patologías que no condicen con la actividad pública, política y sindical que desarrolló el exdirigente sindicial durante los últimos ocho años.
«Una persona con ese cuadro clínico debería presentar severas limitaciones físicas. Sin embargo, hemos visto al exdirigente liderar concentraciones, pronunciar discursos prolongados y participar activamente en actos políticos», mencionó.
Ante ese panorama, el jurista adelantó que se solicitará una investigación penal integral, que incluirá la revisión de los tribunales médicos calificadores, con el fin de establecer si existió corrupción, complicidad o falsificación de documentos en la emisión de los certificados de invalidez.
Asimismo, advirtió que el proceso puede ampliarse a otros dirigentes sindicales que habrían accedido a rentas de invalidez totales en circunstancias similares, que apunta a un presunto daño económico al Estado.
Desde el 19 de noviembre, Juan Carlos Huarachi fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de San Pedro, en La Paz, dentro del proceso que enfrenta por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión.