El titular de Gobierno reiteró que no se utilizará el caso con fines de agitación política e insistió en que la administración actual no convertirá la orden judicial en una “bandera política” ni en una “tarea de venganzas o de revanchismos”, sino que se limitará a hacer que “la ley se cumpla como debe ser”. Este mensaje busca, aparentemente, contrarrestar las acusaciones de persecución provenientes del entorno del expresidente y sus seguidores.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó hoy (2°) que la orden de aprehensión contra el exmandatario y líder cocalero, Evo Morales, será ejecutada como parte de un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y deslindó al Ejecutivo de cualquier motivación política. La autoridad enfatizó que el objetivo del Gobierno es garantizar el cumplimiento de la ley, no protagonizar una persecución por revanchismo.
“Lo del expresidente Evo Morales es una tarea conjunta entre la administración de Justicia, que tiene una responsabilidad ahí, el Ministerio Público y nosotros (como) Gobierno y Policía Nacional”, afirmó el ministro ante los medios.
Con esta declaración, Oviedo buscó proyectar una imagen de que la acción será el resultado de una cadena de decisiones técnicas y jurídicas y no una orden unilateral del poder político.
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El titular de Gobierno reiteró que no se utilizará el caso con fines de agitación política e insistió en que la administración actual no convertirá la orden judicial en una “bandera política” ni en una “tarea de venganzas o de revanchismos”, sino que se limitará a hacer que “la ley se cumpla como debe ser”. Este mensaje busca, aparentemente, contrarrestar las acusaciones de persecución provenientes del entorno del expresidente y sus seguidores.
Las declaraciones de Oviedo se producen en un contexto donde la orden de aprehensión contra el líder evista representa uno de los focos de mayor desafío. Al enmarcar la acción como una responsabilidad compartida y despersonalizada, el Gobierno intenta blindar el proceso de cuestionamientos sobre su legitimidad, aunque la efectiva coordinación y el desenlace legal dependerán de la dinámica entre los poderes del Estado y la presión social.