La detención del expresidente Luis Arce por presuntas irregularidades en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc) abrió una nueva fase investigativa ya que la Fiscalía emitió órdenes adicionales, habla de daños multimillonarios y no descarta citar a exautoridades.
Arce Catacora cuando ingresó al centro penitenciario de San Pedro. Foto: Reuters
Luis Arce Catacora se encuentra recluido en el centro penitenciario de San Pedro desde el pasado viernes 12 de diciembre, una orden judicial determinó prisión preventiva por cinco meses; la acción, más que ser una meta fue el punto de partida de una pesquisa que la Fiscalía anuncia será ampliada a otras exautoridades de los gobiernos del exmandatario, de Evo Morales e incluso de Jeanine Áñez, que estuvieron vinculadas al manejo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc).
La medida sobre Arce, acusado formalmente de delitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito, ingresó al reclusorio por orden del juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción, quien ordenó su reclusión mientras avanzan las investigaciones, porque estimó la existencia de riesgos de obstaculización del proceso y posible fuga.
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El fiscal a cargo, Miguel Cardozo, informó que se han emitido al menos cinco nuevas órdenes de aprehensión en el expediente y que la Fiscalía identificó 3.400 desembolsos vinculados a la Cartera de Estado que dependía del entonces ministro de Economía y Finanzas de Morales; el perjuicio económico que figura hasta ahora en la investigación asciende a unos mil millones de bolivianos, según las pesquisas preliminares, pero día que pasa el monto incrementa.
Cardozo dijo que “esos desembolsos fueron autorizados y no controlados por el exministro de Economía (Luis Arce Catacora)” y anunció que se citará a exautoridades y testigos, sin descartar llamar al expresidente Evo Morales inicialmente como testigo; sin embargo, el también líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba se encuentra parapetado en su búnker de Lauca Eñe, donde decenas de personas lo protegen 24 horas para evitar su aprehensión por otro caso que enfrenta con la justicia.
En la etapa que sigue a la aprehensión, el proceso penal avanza mediante la investigación fiscal que supone la recolección de pruebas, citación de testigos y emisión de más órdenes de aprehensión; por otro, las audiencias cautelares en las que el juez decidirá medidas contra los implicados. La Fiscalía informó que emitió al menos cinco nuevas órdenes de aprehensión dentro del caso, y anunció que citará a exautoridades y directores vinculados al Fondioc.
Arce cumple una detención preventiva de cinco meses por el caso Fondioc. Foto: Efe
Los fiscales sostienen que el perjuicio al Estado por los proyectos del fondo supera cifras multimillonarias (los reportes periodísticos mencionan diferentes estimaciones, pero con cifras exorbitantes) y que existen indicios de proyectos ‘fantasma’ y transferencias irregulares durante la década en que el Fondioc operó. Ese tipo de hallazgos orienta la estrategia persecutoria del Ministerio Público que pasa por ampliar el objeto de investigación para no circunscribir la responsabilidad sólo a los ejecutores técnicos, sino a quienes tenían rol decisorio o firma en la cadena de autorización, de ahí la responsabilidad inicial de Arce.
La Fiscalía debe formalizar la imputación contra nuevos investigados y remitir el expediente al juez cautelar para fijar audiencias. En paralelo, la Policía ejecutará las órdenes de aprehensión pendientes y la Fiscalía citará a testigos clave ya identificados en el proceso. Posteriormente, se abrirá la etapa probatoria; vale decir, análisis de documentación bancaria, contratos, actas del Fondioc y declaraciones de funcionarios y operadores. Por último, si las pruebas apuntan a responsabilidad penal, los fiscales solicitarán medidas cautelares y eventualmente la acusación formal ante un tribunal.
Políticamente, la ampliación a exautoridades del MAS y la eventual citación de Evo Morales convertirán el proceso en un asunto de alta carga simbólica. El gobierno actual ha defendido la investigación como parte de la ‘restauración de la legalidad’, mientras que sectores de la izquierda denuncian persecución política y cuestionan procedimientos. Esa disputa pública puede influir en recursos, solicitudes de nulidad o apelaciones que alargarán el trámite judicial.
El caso FONDIOC entra a una fase decisiva, no sólo hay un expresidente en detención preventiva, sino una red de posibles imputados cuya conformación seguirá en los despachos de la Fiscalía y los tribunales. Las próximas decisiones judiciales (admisión de imputaciones, medidas cautelares y resultados periciales) definirán si el expediente termina en procesos penales contra exautoridades, o si la causa languidece frente a recursos y objeciones técnicas.