El gobierno denuncia que comunarios fueron pagados para emboscar a policías durante la destrucción de 10 fábricas móviles de cocaína en Villa Tunari.
eju.tv / Video: VDSSC
La madrugada de este miércoles, una operación antidroga en Villa Tunari derivó en una emboscada violenta contra dos patrullas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), un ataque que, según el Gobierno, no fue una reacción espontánea, sino una acción ‘organizada y financiada por estructuras criminales’ interesadas en impedir la destrucción de laboratorios de cocaína. Así lo afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en una conferencia de prensa donde exhibió mensajes y evidencias obtenidas tras la intervención.
De acuerdo con su informe, el operativo ‘Sol Naciente’ se ejecutó alrededor de las 04:00 en el Sindicato Nueva Aroma, municipio de Villa Tunari, donde agentes antidroga identificaron y desmantelaron 10 fábricas móviles de producción de pasta base de cocaína, equipadas con moledoras, químicos, solventes y recipientes industriales. En la acción fueron aprehendidos siete hombres y se secuestraron tres vehículos y dos motocicletas.
El viceministro denunció que, tras el inicio de la incineración de los laboratorios, un grupo de personas bloqueó los accesos y emboscó a la Policía durante dos horas, con agresiones que incluyeron piedras, machetes y petardos. El ataque dejó tres policías heridos y tres vehículos seriamente dañados. Justiniano afirmó que uno de los aprehendidos envió mensajes por WhatsApp ofreciendo dinero a comunarios para atacar a los uniformados y frenar la destrucción de los laboratorios.
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“Cuando se ofrece dinero a comunarios para proteger una fábrica de droga, no estamos ante protesta social, estamos ante crimen organizado”, sostuvo. En su mensaje, trazó una línea clara entre la comunidad campesina ‘que merece apoyo del Estado’ y las estructuras que “compran voluntades, infiltran territorios y utilizan a la gente pobre como fuerza de choque”.
“Hoy denunciamos que hubo pago y coordinación para movilizar a comunarios contra la Policía. Eso no es lucha social, eso es instrumentalización y degradación de la vida comunitaria. Nuestro trabajo está orientado a proteger a la comunidad real, y a desmontar el poder criminal que opera detrás de ella”, subrayó la autoridad, quien sin embargo enfatizó que, pese a los ataques, las fuerzas policiales actuaron con “criterio legal, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos”.
La autoridad recalcó que el uso de agentes químicos por parte de la Policía se realizó bajo protocolos de control de disturbios, después de que el grupo agresor rodeara al personal herido y exigiera la devolución de precursores y la liberación de detenidos. “La prioridad fue proteger la vida de los policías, evitar una escalada y garantizar el cumplimiento de la orden”, explicó.
Más allá de los resultados operativos, Justiniano encuadró el hecho como un ataque directo al Estado y advirtió que no habrá “zonas liberadas ni convivencia con el narcotráfico”. Aseguró que la información recabada, incluidos los mensajes que activaron la emboscada, será puesta en manos del Ministerio Público como parte de la cadena de custodia. “Quien ataca a la Policía ataca al Estado”, dijo, al señalar que el Gobierno protegerá a las comunidades que viven del trabajo, pero perseguirá a quienes financian violencia para preservar actividades ilícitas.
El Viceministerio anticipó nuevas intervenciones en la región como parte de su estrategia para desarticular redes criminales que, según Justiniano, intentan capturar territorio mediante pagos, coacción y violencia. “El Estado no permitirá que las familias campesinas sean utilizadas como escudo humano por estructuras criminales que lucran con la violencia, el daño ambiental y la corrupción territorial”, enfatizó.