La familia insiste en que la muerte de Aramayo no debe quedar impune y que debe convertirse en un recordatorio permanente de los ideales que él defendió hasta el final: transparencia, justicia y lealtad con el pueblo boliviano.
eju.tv / La Hora Pico
Santa Cruz.- La familia y defensa del extinto exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, junto al abogado Héctor Castellón, demandaron una investigación seria, independiente y sin fines políticos sobre las circunstancias que rodearon su detención, las torturas que denunció en vida y las omisiones estatales que —según afirman— contribuyeron a su muerte. Advirtieron que no permitirán que el caso vuelva a convertirse en un “show político” como hace 11 años.
Castellón recordó que Aramayo denunció el millonario desfalco al Fondo Indígena y, por ello, “el poder político se encargó de menoscabar su dignidad, su economía y afectar profundamente a su familia”. Sostuvo que, pese al sufrimiento extremo al que fue sometido, Aramayo mantuvo su lucha desde la cárcel. “Marco decía: me quieren matar, me quieren callar, y aun así siguió peleando; hizo huelgas de hambre, escribió cartas a autoridades y pidió protección para seguir defendiendo a los más pobres”, afirmó en entrevista con La Hora Pico de eju.tv.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El abogado lamentó que las causas que provocaron la muerte de Aramayo —incluidas las constantes torturas y la falta de atención médica oportuna— nunca hayan sido investigadas. Relató episodios de alto riesgo, como el intento de traslado clandestino a las 3:30 de la madrugada, que fue frenado gracias a la intervención de presos que alertaron a la defensa y a la prensa.
“Lo que ocurrió con Marco es una vergüenza. No solo se trata de 200 millones de dólares malversados, sino de recursos destinados a los más necesitados del país. La indolencia de la sociedad permitió que esto pase”, reclamó Castellón, pidiendo un mea culpa colectivo.
Sobre la reciente aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, la defensa y la familia llaman a la cautela. Aseguran que, si bien valoran que finalmente haya movimiento en la investigación, temen que se trate nuevamente de un uso político del caso. “No queremos que nadie se convierta en otro Marco Aramayo. No pedimos encarcelamientos por revancha; pedimos que quien sea responsable pague por haber estafado al pueblo boliviano”, afirmó Castellón.
Señaló que la única demanda de la familia de Aramayo es verdad y justicia: una pesquisa real que alcance a todos los involucrados —exautoridades y operadores del Fondo Indígena— y que rompa con más de una década de impunidad. “Si el poder político deja de manosear el caso y la justicia hace su trabajo, los verdaderos responsables estarán presos y pagarán lo que la sociedad exige”, concluyó el abogado.