La supuesta corrupción en el extinto fondo fue uno de los escándalos más complejos y prolongados en los últimos años, debido a las implicancias que tocaron a personalidades del MAS.
Evo Morales y Arce Catacora, implicados en el tema Fondioc. Informe Exclusivo
El extinto Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc) se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más complejos y prolongados en la historia reciente de Bolivia. Desde las primeras auditorías oficiales que revelaron irregularidades en 2015 hasta la reciente aprehensión del expresidente Luis Arce en diciembre de 2025, la investigación ha atravesado etapas de acusaciones, procesos judiciales múltiples, estimaciones de daño económico divergentes y la muerte de un denunciante clave.
Según una investigación del periódico Página Siete, dirigentes o representantes de organizaciones sociales campesinas e indígenas se beneficiaron con el 10% del total de Bs 692 millones de fondos que fueron a dar a cuentas particulares. De 1.100 proyectos aprobados, 1.048 recibieron transferencias a cuentas particulares por un monto total de Bs 692 millones.
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De acuerdo a la Ley 2042 de administración presupuestaria, todas las entidades del sector público tienen la obligación de mantener sus recursos financieros en cuentas fiscales autorizadas por el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Lo cual en este caso no solo no se cumplió, sino que se vulneró el principio legal y normativo.
Lidia Patty también guarda detención por el caso Fondioc. Foto: El Mundo
Casi el 50% de los recursos fue dirigido al departamento de La Paz, de los 1.100 proyectos, 543 fueron para este departamento. Santa Cruz solo recibió Bs 47, 5 millones por solo 52 proyectos, lo que permitió ocupar el cuarto lugar con solo 7%.
Solo tres organizaciones, la Confederación de Inteculturales (CSCIB), la Confederación Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), se beneficiaron con Bs 500 millones, según la investigación periodística, que señala también a los dirigentes que fueron favorecidos:
- Jorge Salome recibió 2.906.020 bolivianos
- Fernando Choque; 8.210.096 bolivianos
- Gustavo Aliaga Guzmán; 931.650.00 bolivianos
- Crispín Machicado 329.132.00 bolivianos
- Melva Hurtado, entonces presidenta de la CIDOB, 22.383.159 bolivianos.
- Juanita Ancieta, ejecutiva de la Confederación de mujeres ‘Bartolina Sisa’, 8.530.814 bolivianos
- Julia Ramos; exministra de Justicia, (Bartolina) 600.000.00 bolivianos
- Damián Condori (CSUTCB) 600.000 bolivianos.
- Hilarión Mamani, Conamaq, recibió 600.000.00 bolivianos
- Ever Choque de los trabajadores interculturales, 913.650.00 bolivianos.
- Lidia Patty, 700.000.00 bolivianos
Esta cronología reconstruye ciertos hitos verificables del caso, las cifras de perjuicio al Estado y las principales decisiones judiciales y políticas que marcaron el camino.
El exFondo Indígena en la mira. Foto: Correo del Sur
2 de febrero de 2006: La Contraloría General del Estado reveló que había más de 150 proyectos observados en el Fondioc con un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos.
Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc, quien falleció tras siete años de detención preventiva, advirtió a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, sobre una serie de irregularidades en la institución y le solicitó una auditoría para frenar la corrupción. Pero quedó en nada, toda vez que, lejos de instruir la investigación, procedió a destituir a Aramayo y nombrar a una interventora, Lariza Fuentes.
11 de noviembre de 2013: Bajo el título «Denuncian supuestos proyectos fantasmas en el Fondo Indígena”, Página Siete revela que, en visitas a varias poblaciones alejadas de los departamentos de La Paz y Santa Cruz, la enviada de este diario «comprobó irregularidades millonarias en proyectos de desarrollo”.
11 de diciembre de 2013: El presidente Evo Morales pide a la Contraloría investigar el Fondo Indígena y critica a Conamaq por intentar oponerse a la investigación. «¿Cómo algunos hermanos pueden proteger la corrupción?”, se preguntó Morales en aquella oportunidad.
Luis Arce en la FELCC. Foto: El Deber
2013–2014: Denuncias internas y desvíos bajo la lupa. Informes de auditorías internas ya daban cuenta de la profusión de proyectos sin ejecución y la falta de transparencia en el uso de recursos del Fondo, creado para financiar iniciativas de desarrollo indígena y rural.
Febrero de 2015: La Contraloría General del Estado identificó irregularidades en al menos 153 proyectos financiados por el Fondioc y cuantificó un daño económico inicial de al menos Bs 71 millones al Estado, remitiendo indicios al Ministerio Público para su investigación formal.
2015–2017: Procesos penales, sentencias y detenciones La Fiscalía abrió múltiples causas penales. En 2017, Marco Antonio Aramayo, entonces director ejecutivo del Fondo, fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Durante este periodo también se llevaron a cabo detenciones y procesos contra otras autoridades involucradas en la gestión del FONDIOC.
2016: Estimaciones opositoras elevan el monto del perjuicio. Un informe de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estimó que el daño al Estado por el manejo irregular del Fondo ascendía a Bs 545,1 millones, producto de transferencias a proyectos inexistentes o mal ejecutados de un total de más de 1.100 iniciativas.
El extinto director del Fondioc, Marco Aramayo. Foto: Opinión
2014–2025: Procesos judiciales fragmentados y acumulación de causas. Durante casi una década, el caso registró más de 161 procesos penales abiertos contra exdirectores y exfuncionarios del FONDIOC, con un número reducido de casos concluidos y muchos en curso a fines de 2025.
2015–2022: Marco Antonio Aramayo: denunciante, procesado y fallecimiento. El exdirectr del Fondioc, quien inicialmente denunció irregularidades que luego darían inicio a las investigaciones, permaneció años en prisión por múltiples procesos abiertos en su contra. Murió en abril de 2022, tras siete años encarcelado y con cientos de causas pendientes, lo que reavivó el debate sobre el proceso judicial y la protección de denunciantes.
2010–2020: Divergencia de cifras económicas. Además de los Bs 71 millones iniciales y los Bs 545 millones estimados por opositores, investigadores independientes han señalado que las cifras de dinero movido podrían llegar a valores mucho mayores. Algunas estimaciones extraoficiales sostienen que entre 2010 y 2014 se habrían destinado a dirigentes afines del partido de gobierno alrededor de Bs 729 millones a través de 1.100 transferencias, con participación, según esas denuncias, del entonces ministro de Economía Luis Arce.
Versiones oficiales posteriores han señalado montos divergentes, reflejo de distintos métodos de cálculo y periodos analizados.
Lidia Patty es trasladada a oficinas de la FELCC. Foto: APG
10 de diciembre de 2025: Aprehensión de Luis Arce por el caso Fondioc. Autoridades bolivianas ejecutan la orden de aprehensión contra el expresidente Luis Alberto Arce Catacora, emitida por un fiscal, en el marco de la investigación sobre el ex-FONDIOC. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Arce es investigado por cinco delitos: favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica, además de la sospecha de un daño económico de al menos Bs 360 millones, con estimaciones que podrían superar los US$700 millones en investigaciones conexas.
Diciembre de 2025: Medidas conexas y ampliación de la investigación. El caso también alcanza a otras exautoridades y beneficiarios de proyectos cuestionados: la exdiputada Lidia Patty fue detenida preventivamente días antes de la detención de Arce como parte de los hechos conexos investigados. Estas acciones forman parte de las comisiones de investigación activadas por el nuevo Gobierno para auditar y reabrir casos relacionados con administraciones anteriores.
Los procesos han sido largos y fragmentados; mientras algunos implicados como Aramayo recibieron sentencias, múltiples causas siguen en curso y la muerte de denunciante clave dejó interrogantes sobre el manejo procesal. Las cifras de daño al Estado varían ampliamente según la fuente y la metodología, desde cifras iniciales oficiales de decenas de millones de bolivianos hasta estimaciones opositoras e informes independientes que apuntan a centenas de millones, incluso valores equivalentes a cientos de millones de dólares.
La detención de Luis Arce marca un giro significativo ya que por primera vez la investigación apunta formalmente a un expresidente como investigado principal por su actuación cuando era ministro de Economía, lo que ha generado debates sobre la técnica jurídica, el debido proceso y las supuestas motivaciones políticas.