Bascopé afirma que es momento de que todas las instituciones actúen, recuperen el dinero robado y garanticen que los responsables rindan cuentas con el Estado.
eju.tv / La Hora Pico
Santa Cruz.- El constitucionalista William Bascopé exigió que se proceda al embargo de bienes y la recuperación inmediata de los recursos desviados en el millonario desfalco del Fondo Indígena, señalando que la Constitución es clara respecto a la obligación de resarcir el daño económico causado al Estado.
Consultado sobre los mecanismos para recuperar los recursos, Bascopé fue contundente al señalar que la normativa vigente contempla procesos directos para responsabilizar a los autores del daño.
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“La Constitución prevé que aquel que causa un daño económico al Estado debe devolver al Estado. Cuando se condena a una persona verificando daño económico, el mismo Estado inicia el proceso penal y le cae sobre sus bienes. Eso es lo que corresponde”, explicó en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen María Belén Mendívil y Jorge Robles.
El jurista apuntó específicamente al expresidente Luis Arce Catacora, indicando que corresponde anotar y embargar todos sus bienes, así como los de sus hijos. “Arce Catacora tendría que inmediatamente tener todos sus bienes anotados y embargados, incluidos los de sus hijos, que han aparecido prósperos propietarios de una gran hacienda en el oriente y empresarios de la noche a la mañana. Uno de ellos, incluso metido en Wall Trading”, afirmó.
Bascopé recordó que el daño económico al Estado no prescribe, por lo que las investigaciones y acciones judiciales deben continuar sin límite de tiempo. Asimismo, cuestionó la ausencia de la Procuraduría General del Estado en el seguimiento del caso, recordando que esta institución es la encargada de defender los intereses del país.
“El llamado a actuar es la Procuraduría General del Estado, no solo el fiscal. Sería bueno saber si el Gobierno ya instruyó al procurador a intervenir. El procurador es el abogado del Estado; para eso se creó esta figura en la Asamblea Constituyente”, enfatizó.
Bascopé también observó que, en otros procesos, especialmente contra opositores, las autoridades gubernamentales sí desplegaban un amplio respaldo institucional. “Cuando detenían a Luis Fernando Camacho, a Marco Antonio Pumari o a Janine Áñez, al frente no solo estaba el fiscal: también estaban los abogados del Ministerio de Gobierno, del Viceministerio de Transparencia y de la Procuraduría General del Estado”, recordó.