El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirma que gran de las empresas nacieron inviables y solo fueron un instrumento de saqueo.
eju.tv/ La Paz
Tras revelar un daño económico de $us 2.595 millones a las Reservas Internacionales Netas (RIN), el Gobierno determinó este lunes cerrar el financiamiento a empresas públicas deficitarias e inviables y activar una auditoría integral a los $us 7.750 millones que se destinaron los gobiernos del MAS a la edificación de 67 industrias estatales desde el año 2006.
Así lo anunció el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al presentar los primeros resultados de la investigación realizada al plan de industrialización de los dos gobiernos del MAS entre 2006 y octubre de 2025.
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“Tenemos que cerrar el grifo y auditar cada centavo que se ha gastado. Para esto es necesaria una reingeniería fiscal para el desangrado de estos recursos, reestructurar las empresas públicas, garantizar la viabilidad fiscal. Y obviamente hay que hacer una auditoría absolutamente responsable y seria para poder iniciar una investigación rigurosa y determinar quién autorizó estas inversiones sin ninguna factibilidad desde el día en que nacieron”, indicó Lupo en conferencia de prensa.
Considerando la crisis que atraviesa el país y el Estado, Lupo argumentó no se puede “seguir financiando la ineficiencia” con recursos públicos de los bolivianos.
De acuerdo con el ministro Lupo, en los 20 años de los gobiernos del MAS, se perfiló la creación de 67 empresas públicas con una inversión de Bs 53.945 millones, que equivale $us 7.750 millones, de los cuales solo se recuperó hasta la fecha el 18%, el resto, más de $us 6 mil millones, es posible que se pierda.
Con recursos de las RIN, los gobierno del MAS financiaron la edificación de empresas en todo el territorio nacional. Unas, como la azucarera de San Buenaventura por iniciativa del Ejecutivo, y otras, como de adoquines o ladrillos, por impulso de alcaldías.
Lupo comentó que el gobierno del expresidentes Luis Arce tenían planificado invertir $us 3.164 millones en 174 plantas, de las que solo 40 fueron entregadas.
Tras los primeros hallazgos de corrupción, Lupo insistió que se parará el “desangre” de recursos de las RIN porque hasta el momento con empresas cerradas se perdió $us 122 millones; en empresas con quiebra técnica $us 1.250 millones; y el gasto en proyectos en curso, que también son inviables, $us 91,5 millones.
“Aquí no acaba la historia porque las empresas públicas son una cosa y la otra parte se llaman las plantas planificadas. Esta historia de la industrialización por sustitución de importaciones, donde se habían planificado 174 plantas por un total de 3.164 millones de dólares. De estas 174 plantas, solo 40 fueron entregadas. 134 están en construcción. Solo 19 están en funcionamiento. Y 41 de estas 134 ya están en una situación no ejecutable, es decir, en situación crítica. 60 plantas son inviables por un valor total de 1.132 millones de dólares”, precisó el ministro.
Por ello, Lupo insistió en la importancia de realizar las auditorias a los recursos públicos destinados a estas empresas y quiénes lo autorizaron.
El trabajo será realizado por el viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares, y el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.
“En realidad, gran parte de estas empresas nacieron inviables, no fueron simplemente un fracaso técnico, sino que nacieron inviables y fue un instrumento de saqueo. Otras simplemente no fueron sustentables y obviamente hoy están en una situación crítica o en un quiebre técnico. Naturalmente que se va a hacer una investigación y una auditoría no solamente de la parte financiera, sino de la parte técnica”, recalcó.