Este desafío se produce en respuesta al proyecto de ley «antibloqueos» presentado días atrás por el diputado Alarcón (Alianza Unidad). La propuesta busca tipificar el bloqueo de caminos como delito, con penas de entre 10 y 20 años de cárcel en casos graves, y establece sanciones para organizadores, instigadores y quienes ejerzan violencia.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) lanzó hoy (17) un desafío al Órgano Legislativo al declarar que no permitirá ninguna iniciativa que criminalice lo que ellos denominan el «bloqueo sano», un método histórico de protesta. Desde la plaza Murillo, los máximos dirigentes del sector campesino rechazaron cualquier proyecto de ley que busque penalizar esta forma de manifestación que defienden como un derecho constitucional irrenunciable y critican a los legisladores que impulsan esta normativa.
«Nosotros tampoco podemos permitir que nos corten el derecho de manifestarnos porque tiene que haber manifestación. No solo de la CSUTCB sino de todas las organizaciones sociales que existen en Bolivia», declaró Víctor Hugo Roca ante los medios de comunicación. Con esta afirmación, el dirigente sentó la posición oficial del sector.
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En un tono aún más firme, David Quispe leyó un comunicado oficial que acusa al poder político de promover una ofensiva legislativa contra las bases del movimiento social. «Que de manera reiterada se vienen promoviendo desde instancias del poder político, particularmente por parte del gobierno de Rodrigo Paz, así como de diputados y senadores afines, proyectos de ley orientados a criminalizar la protesta social», denunció. El texto señala que estas iniciativas atentan contra formas históricas de lucha como las marchas y los bloqueos.
El documento fue más allá en su crítica porque calificó las propuestas legislativas como un ataque frontal a derechos fundamentales. «Estas iniciativas legislativas constituyen graves atropellos a los derechos fundamentales, vulnerando el derecho a la protesta, a la libre expresión, a la manifestación pacífica y a la petición colectiva», agregó Quispe.
Al ser consultado sobre cómo ajustan su derecho a protestar con el derecho a la circulación del resto de la ciudadanía, Quispe fue directo en responsabilizar al Gobierno. «Pero ¿quién no atiende? El Gobierno central no atiende, por eso es que nosotros con los campesinos salimos», argumentó y aclaró que buscan diálogo y no se prestan para bloqueos por intereses personales o políticos.
Este desafío se produce en respuesta al proyecto de ley «antibloqueos» presentado días atrás por el diputado Alarcón (Alianza Unidad). La propuesta busca tipificar el bloqueo de caminos como delito, con penas de entre 10 y 20 años de cárcel en casos graves, y establece sanciones para organizadores, instigadores y quienes ejerzan violencia. Alarcón ha sido categórico al afirmar que no existen bloqueos «buenos o malos» y que todos constituyen un delito, instando al Gobierno del presidente Rodrigo Paz a definir una postura clara al respecto.
El debate sobre los bloqueos no es solo político, sino que tiene un profundo impacto económico. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó recientemente una contracción del 1% en el PIB industrial durante 2025, que lo atribuyen parte de esta caída a los aproximadamente 200 bloqueos registrados en el año. Según el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, la industria pierde 11 millones de dólares diarios durante un bloqueo, mientras que la economía nacional sufre pérdidas que oscilan entre 50 y 60 millones de dólares por día.