El equipo legal del exministro Arturo Murillo cuestiona el destino de los $us 820.000 que el Gobierno de Luis Arce aseguró haber recuperado en el caso de la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos.
eju.tv / Video: F10
La defensa del exministro de Gobierno Arturo Murillo denunció la presunta desaparición de 820 mil dólares vinculados al caso de la adquisición de gases lacrimógenos con supuesto sobreprecio durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El abogado Giovani Machicao Castillo afirmó que, pese a que el propio exministro Eduardo del Castillo informó públicamente sobre la recuperación de esos recursos, no existe claridad sobre su paradero actual, situación que expondrá ante el Ministerio Público.
Según Machicao, la defensa exige una explicación pública y documentada sobre el destino del dinero que, de acuerdo con la versión oficial, fue devuelto al Estado en el marco de la investigación por una operación observada por un presunto sobreprecio de 2,3 millones de dólares. “¿Dónde están hoy esos 820 mil dólares que el Estado dijo haber recuperado?”, cuestionó el jurista, al advertir vacíos que comprometen la transparencia del proceso.
Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta al manejo de la prueba y la cadena de custodia. La defensa observa que el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, recibió y exhibió públicamente el dinero en efectivo cuando el proceso judicial aún no había concluido. Para el equipo legal, este hecho genera serias dudas sobre la legalidad del procedimiento y el resguardo de los recursos.
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“Llama la atención que se haya recibido dinero en efectivo y que se lo haya presentado en una conferencia de prensa, cuando la causa todavía estaba en investigación”, sostuvo Machicao, al señalar que ese aspecto será parte medular de la denuncia. A su juicio, el ingreso de fondos en efectivo, sin un circuito financiero plenamente documentado, constituye una irregularidad que debe ser aclarada.
Murillo guarda detención en el centro penitenciario de San Pedro, en La Paz. Foto: In noticias
La defensa informó además que ha presentado memoriales formales solicitando documentación clave, entre ella los precios de compra de gases lacrimógenos realizados por el Ministerio de Gobierno antes y después de 2020, con el objetivo de efectuar comparaciones técnicas. “Pedimos esos precios porque se habla de un sobreprecio superior a 2 millones de dólares, lo cual es falso, y no nos quieren mostrar sus propias compras”, afirmó el abogado Machicao.
Según el equipo legal, la negativa o demora en la entrega de esta información impide el ejercicio pleno del derecho a la defensa, al restringir la posibilidad de realizar descargos técnicos y económicos frente a la acusación de sobreprecio. El 28 de julio de 2021, en una conferencia de prensa, el entonces ministro Eduardo del Castillo informó sobre la recuperación de $us 820.000, exhibiendo el dinero en efectivo y señalando que correspondía a parte del presunto daño económico al Estado.
De acuerdo con la versión oficial, los recursos fueron devueltos por la empresa Inmobiliaria El Doral S.A., vinculada al consorcio World Trade Center (WTC) Santa Cruz, firma en la que uno de los implicados en el caso, Philip Lichtenfeld, era socio.
Del Castillo explicó en ese momento que la restitución se formalizó mediante una carta dirigida al Ministerio de Gobierno, en la que la empresa comunicaba la devolución del dinero, y señalaba incluso que parte de esos fondos habrían sido invertidos en proyectos inmobiliarios. Los antecedentes señalan que la empresa Bravo Tactical Solutions realizó dos depósitos a favor de Lichtenfeld en abril de 2020, por $us 500.000 y $us 320.000, montos que luego fueron reportados como recuperados.
Del Castillo muestra el dinero recuperado del supuesto sobreprecio de los gases. Foto: In noticias
Hoy, la defensa de Murillo sostiene que la empresa en cuestión sí devolvió los recursos, pero insiste en que el Estado debe explicar dónde se encuentran actualmente los $us 820.000 y bajo qué resguardo. El anuncio de una denuncia pública ante el Ministerio Público abre un nuevo flanco en un caso que, lejos de cerrarse, vuelve a colocarse en el centro de la controversia judicial y política. Además de ello, exige tener acceso a los precios de compra del material antidisturbios antes y después de la gestión de Murillo.
“Es decir, a efectos de poder demostrar la inocencia del señor Arturo Murillo, toda vez que ellos hablan de un sobreprecio de más de 2 millones de dólares, extremo que es totalmente falso. Nosotros, con estos requerimientos, lo que buscamos y lo queremos) es, en primer lugar, hacer uso de nuestro derecho a la defensa, porque ustedes, como bien saben, el señor Arturo Murillo se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro. Por otra parte, queremos demostrar que no ha existido el sobreprecio”, subrayó el legista.