La defensa de Zúñiga anunció que continuará impulsando acciones legales para demostrar —según afirma— que el proceso contra el excomandante se construyó bajo presiones políticas y manipulación institucional durante el anterior gobierno.
eju.tv / La Hora Pico
Santa Cruz.- La abogada Silvia Tapia, defensa legal del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, denunció que su cliente fue víctima de manipulación judicial, presiones políticas, obstáculos procesales e incluso torturas tras su aprehensión por los hechos del 24 y 26 de junio de 2024. Según la jurista, estas acciones provinieron de altas autoridades del anterior gobierno.
En una entrevista concedida al programa La Hora Pico de eju.tv, conducido por María Belén Mendívil y Jorge Robles, Tapia afirmó que “ha existido presiones, manipulaciones, incluso un manoseo total a la justicia, porque la justicia no ha sido independiente y a la fecha todavía no vemos una independencia judicial para poder decir que estamos libres de defendernos”.
La abogada señaló directamente al exministro Eduardo del Castillo, al exdirector de la FELCC Johnny Aguilera y al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, como los responsables de las presuntas acciones de obstaculización y amedrentamiento. “La manipulación vino de autoridades del gobierno pasado”, reiteró.
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El excomandante Zúñiga fue trasladado en las últimas horas por vía aérea desde la cárcel de El Abra, en Cochabamba, hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, para prestar nuevas declaraciones sobre los hechos del 26 de junio de 2024, cuando fue detenido y posteriormente encarcelado por el presunto liderazgo en un intento de golpe de Estado.
Durante su comparecencia ante los medios, Zúñiga reveló nombres de exautoridades del gobierno de Luis Arce que, según dijo, habrían diseñado y ejecutado un plan para la toma de la Plaza Murillo. Entre ellos mencionó a Luis Arce Catacora, Edmundo Novillo, Marianela Prada, Eduardo del Castillo, Hugo Moldiz y Johnny Aguilera como presuntos autores intelectuales y materiales de los hechos.
Tapia también cuestionó la actuación del fiscal Omar Mejillones, a cargo de la investigación, asegurando que continúa rechazando todas las solicitudes de la defensa, incluso con el cambio de gobierno. “Estamos esperanzados en continuar con requerimientos fiscales para obtener prueba y solicitar una detención preventiva que enerve riesgos procesales, pero a la fecha seguimos recibiendo negativas”, lamentó.
La defensa reafirmó que Zúñiga actuó siguiendo instrucciones del entonces presidente Luis Arce Catacora, con el objetivo de resguardar al gobierno legalmente constituido. Aseguró que el ingreso de blindados a la Plaza Murillo no solo fue una orden conocida, sino también de acceso público. “Era de conocimiento de todos los ministros, del mandatario; incluso fue publicado en la Gaceta de los Militares. Los blindados estuvieron cuatro días expuestos a la vista de todos. No se puede catalogar como golpe de Estado algo que era plenamente conocido”, señaló Zúñiga.