En su reporte reciente, la Defensoría publicó que Bolivia cuenta con 32.035 privados de libertad en 47 centros penitenciarios, de los cuales 20 están en áreas urbanas y 26 en zonas rurales. El hacinamiento nacional alcanza el 105%, una cifra que se ha mantenido crítica a lo largo de diferentes gobiernos.
eju.tv / Video: Defensoría del Pueblo
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó este miércoles que la situación en las 47 cárceles del país sea «infrahumana», debido a la precariedad en los servicios de salud, la alimentación, la seguridad interna y las condiciones básicas para los privados de libertad.
Callisaya recordó que hace un mes la institución emitió una alerta temprana tras constatar que los detenidos preventivos y condenados viven sin acceso adecuado a atención médica, con solo 45 médicos para más de 33.000 internos, además de infraestructuras deterioradas y sistemas de seguridad debilitados. A ello se suma la muerte de 17 personas bajo custodia en lo que va del año por hechos violentos.
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«Creo que el tema penitenciario es muy importante. Hace aproximadamente un mes hemos emitido una alerta temprana en la que mencionamos que, en las 47 cárceles que tenemos en nuestro país, existe una situación infrahumana tanto para los detenidos preventivos como para los condenados, porque no hay servicios de salud adecuados», sostuvo Callisaya.
En ese sentido, el Defensor cuestionó la crisis en la provisión de alimentos, ya que en varios departamentos el prediario se encuentra con deudas entre tres y cuatro meses, generando un ambiente de constante tensión. “Permanentemente estamos sofocando procesos de conflictividad a través del diálogo. Es urgente una medida estructural”, remarcó.
Callisaya también destacó la importancia de que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se involucre y ejerza control sobre gobernaciones y el Gobierno central para avanzar hacia una reforma integral del sistema penitenciario.
En su reporte reciente, la Defensoría publicó que Bolivia cuenta con 32.035 privados de libertad en 47 centros penitenciarios, de los cuales 20 están en áreas urbanas y 26 en zonas rurales. El hacinamiento nacional alcanza el 105%, una cifra que se ha mantenido crítica a lo largo de diferentes gobiernos. Establece, además que 9.520 jóvenes entre 18 y 28 años están recluidos en el país, representando el 29,76% de toda la población penitenciaria.