De acuerdo con la investigación fiscal, Ríos suscribió con el entonces gerente de Emapa, Franklin Flores, varios contratos para la provisión de harina. El producto era adquirido a Bs 132 el quintal, pero posteriormente era revendido en Bs 299, generando una diferencia económica considerada irregular.
eju.tv / Audio: Unitel
La justicia dispuso este jueves la detención preventiva porseis meses en un recinto penitenciario para el dirigente de los panificadores, Rubén Ríos, investigado por un presunto negociado con harina subvencionada a través de contratos firmados con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
«Evidentemente —señalaron— existía un contrato con EMAPA, pero solo por alrededor de 40.000 bolivianos. Bajo esta circunstancia, surgen sospechas por la venta y reventa de harina e insumos subvencionados, lo que acreditaría que este señor, junto con su familia, habría manejado más de 12 millones y alrededor de 500 mil bolivianos adicionales», informó el abogado del denunciante, Eduardo León.
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De acuerdo con la investigación fiscal, Ríos suscribió con el entonces gerente de Emapa, Franklin Flores, varios contratos para la provisión de harina. El producto era adquirido a Bs 132 el quintal, pero posteriormente era revendido en Bs 299, generando un diferencial económico considerado irregular.
Además, la Fiscalía identificó otros contratos por el alquiler de depósitos por Bs 19.000 mensuales, así como por servicios de transporte, todos vinculados al mismo esquema de comercialización de harina subvencionada.
León indicó que en este caso que involucra a un presunto clan, hay dos detenidos preventivos: ayer se determinó la detención preventiva de una gerente de Emapa, del que también está detenido a Ríos y se tiene a otra exgerente con detención domiciliaria. Además, se está requiriendo la declaración del exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani.
Otro caso
Ríos fue aprehendido el lunes y permaneció en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar. Inicialmente, la autoridad jurisdiccional dispuso su detención domiciliaria, decisión que el Ministerio Público anunció que apelará, solicitando que se mantenga la medida de detención preventiva por seis meses, como requirió en un inicio. Este caso se suma a otro proceso abierto en su contra, en el que también se investiga el presunto uso irregular de depósitos y la participación de su entorno familiar.