El incremento en el precio de los combustibles y la flexibilización del control al diésel abren un frente de presión social y económica para el Gobierno. Analistas advierten impacto inflacionario y desgaste político, mientras el transporte marca distancia y exige compensaciones.
eju.tv / Video: RRSS
Las medidas económicas anunciadas la noche del martes por el presidente Rodrigo Paz, entre ellas el incremento en el precio de los carburantes y del salario mínimo nacional a Bs 3.300 activaron en las últimas horas un debate público entre diferentes sectores, unos que apoyan la medida porque la estiman necesaria y otros que alertan sobre el impacto que tendrá en la economía de los sectores más vulnerables y en la presión inflacionaria.
Economistas, exautoridades y sectores sociales comenzaron a advertir que el ajuste, aunque defendido como necesario por el Ejecutivo, tendrá un costo político alto y difícil de administrar. Desde el ámbito económico, el analista Gonzalo Chávez señaló que el aumento de los combustibles tiene un efecto transversal en la economía, particularmente en el transporte, la cadena logística y los precios finales de los alimentos.
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En su análisis, el economista advirtió que cualquier ajuste en los carburantes termina trasladándose al consumidor, genera presión inflacionaria y deteriora el poder adquisitivo, especialmente en los sectores urbanos y populares. Chávez remarcó además que, sin un plan claro de compensaciones, el Gobierno queda expuesto a un rápido desgaste de credibilidad. Uno de los elementos que amenaza con socavar la popularidad del 65% que ostenta, según una reciente encuesta difundida en una red televisiva nacional.
Una lectura similar planteó el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, quien sostuvo que la medida refleja las tensiones fiscales acumuladas y la dificultad de sostener el esquema de subvenciones en el actual contexto económico. Ríos advirtió que, más allá de la racionalidad técnica del ajuste, el problema central es político ya que el Ejecutivo asume el costo de una decisión impopular en un escenario social frágil y con escaso margen de tolerancia ciudadana.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas. Foto: Unitel
Según el exministro, el riesgo es que el incremento de los carburantes se convierta en un detonante de conflictividad si no se acompaña de señales claras de austeridad estatal y diálogo social. “No podíamos seguir subsidiando los hidrocarburos para todo el país y encima que un 20% o 25% se vaya por nuestras fronteras. Es duro, es lo que hay que hacer”, afirmó, para luego puntualizar que si bien el incremento salarial y los bonos actuarán como un ‘colchón’, el siguiente paso debe ser una nueva Ley de Hidrocarburos que atraiga inversión.
El impacto político comenzó a sentirse con mayor fuerza en el sector del transporte, el más sensible al precio del diésel y la gasolina. Dirigentes de federaciones de transporte urbano, interprovincial y pesado expresaron su rechazo al alza y advirtieron que los costos operativos se incrementarán de manera inmediata; por ello, dejaron claro que evaluarán ajustes en las tarifas y no descartan movilizaciones si el Gobierno no plantea mecanismos de compensación o control de precios.
“Ha sido un golpe fuerte a los sectores populares”, afirmó el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limberth Tancara, en referencia a la eliminación de la subvención de los combustibles. “Hemos sacado la instrucción para toda nuestra modalidad de minibuses que el pasaje a partir de este momento es de Bs 5 dentro del municipio de La Paz. El trufi en el tramo largo es de Bs 6,50”, afirmó. La medida será replicada por otras dirigencias del resto del país.
Los choferes de La Paz anuncian el incremento de los pasajes. Foto: captura de pantalla Red Uno
Sin embargo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que el Gobierno ha tomado medidas para reducir los costos de operación de los transportistas, entre ellas la eliminación de aranceles y gravámenes para la importación de llantas, lubricantes y repuestos. En su criterio, la estructura de costos del transporte de pasajeros no solo se limita al combustible. “El gobierno está absolutamente abierto al diálogo, vamos a presentar mesas de diálogo con distintos sectores”, dijo, aunque advirtió que no permitirá que los transportistas se aprovechen de la situación para subir las tarifas de manera injustificada.
En el plano político, opositores coincidieron en que el anuncio golpea directamente la imagen del presidente Rodrigo Paz, quien había sostenido un discurso de estabilidad económica y protección al bolsillo ciudadano. Para varios analistas, el Ejecutivo enfrenta ahora el desafío de explicar por qué el ajuste es inevitable y cómo evitar que sus efectos recaigan de forma desproporcionada en los sectores más vulnerables.
El experto en hidrocarburos Francesco Zaratti señaló que el gobierno de Rodrigo Paz no tenía otra alternativa que asumir la eliminación parcial de la subvención; pero, estimó que el Gobierno tiene que ‘inundar’ de diésel el mercado interno para mostrar que su medida funciona. Manifestó que el déficit fiscal ‘era insostenible’, más si se suma la falta de reservas internacionales y de dólares para comprar los combustibles importados (un 90% de diésel y un 55% de gasolina). “Mantener el suministro era cada vez más oneroso”, dijo.
Samuel Doria Medina, líder de la alianza Unidad, defendió el retiro de la subvención de los hidrocarburos y afirmó que fue una medida necesaria, para enfrentar el desastre que dejó el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), comparable a un cáncer. “Nos han dejado un desastre tan terrible en la economía que es comparable a un cáncer, por eso la solución tiene que ser, también, radical y equivalente a una quimioterapia. La quimioterapia, yo la he sufrido, es compleja, pero te asegura que, después de un tiempo vuelva a la vida normal. Eso se ha hecho con estas medidas”, afirmó.
El expresidente del Senado y exministro, Óscar Ortiz, señaló que las decisiones asumidas por el Gobierno son necesarias y que la subvención a los combustibles era ‘insostenible’. “Aquí vamos a tener que sacrificarnos todos. Si no se sube el precio, no vamos a poder abastecernos. Hoy no tenemos los dólares necesarios para garantizar la subvención de la gasolina y el diésel”, afirmó Ortiz. “Eran necesarias las nuevas medidas que ha adoptado el Gobierno. Los anuncios son positivos; sin embargo, el corazón de las medidas es el precio de los combustibles”, sostuvo.
Posición contraria fue la expresada por el exmandatario Evo Morales, este criticó la eliminación de la subvención de los combustibles por ser una medida ‘improvisada’ que “golpea con mayor fuerza a las familias trabajadoras”. “La eliminación de la subvención a los combustibles por parte del gobierno de Rodrigo Paz Pereira es una decisión improvisada, nunca se hizo conocer el estudio comprometido que debía establecer las bases técnicas de un consenso social”, escribió en Facebook.
Evo Morales criticó la medida del gobierno. Foto: Facebook
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó el incremento al salario mínimo nacional, dispuesto por el Gobierno para 2026 contemplado en el paquete de medidas contra crisis. “El salario mínimo anunciado, sin embargo, repite esquemas que ya mostraron límites, al no surgir de un diálogo tripartito entre trabajadores, sector privado y Estado”, señaló el directivo en una publicación en su cuenta de X.
El debate ya no se centra únicamente en la viabilidad económica de las medidas, sino en su sostenibilidad política. El aumento de los carburantes coloca al Gobierno ante un reto descomunal, porque debe mostrar que tomó las medidas para contener el déficit y ordenar las finanzas públicas; caso contrario, enfrentará una escalada de presión social que puede erosionar su capital político. El resultado dependerá, en gran medida, de la capacidad del Ejecutivo para demostrar que el ajuste no será, una vez más, pagado por la ciudadanía.