La detención del expresidente, realizada la pasada jornada, reactiva las investigaciones antiguas sobre transferencias a presuntos proyectos ‘fantasma’; el Ejecutivo habla de un daño millonario pero las cifras difundidas por distintos órganos no coinciden.
Luis Arce vive su peor hora. Foto: Unitel
Luis Arce Catacora fue aprehendido la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025 en La Paz, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el extinto Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (ex-Fondioc). El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo identificó al exmandatario como el ‘principal responsable’ de decisiones administrativas que habrían permitido transferencias a cuentas particulares y proyectos inconclusos
La orden de aprehensión y la ejecución fueron confirmadas públicamente por autoridades del Ejecutivo y la Fiscalía. Durante la rueda de prensa, el ministro Oviedo afirmó que en el caso del extinto Fondo Indígena “se autorizó desde el Fondioc traspasos de ingentes cantidades de dinero” hacia cuentas particulares y “transferencias de recursos a proyectos fantasmas” o “a medias”, posicionando a Arce como una figura clave en la cadena de decisiones administrativas investigadas.
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El ministro de Gobierno anunció que los daños económicos se estiman preliminarmente en alrededor de 360 millones de bolivianos que sumados a “otros hechos delictivos” asciende a 700 millones de dólares y aseguró que las investigaciones continuarán para dar con todos los responsables del ‘descalabro económico’ del país. “En este caso particular, el daño económico alcanza los 360 millones de bolivianos, pero sin embargo hay casos con hechos, otros hechos delictivos que según estimaciones que hemos ido recibiendo, este daño alcanzaría la suma más o menos de 700 millones de dólares o algo más”, enfatizó.
Por su parte, la Fiscalía señala que, mientras era ministro de Economía, el exmandatario autorizó desembolsos de recursos para al menos 3.500 proyectos del Fondo Indígena. Ni la mitad de ellos fue concluido y generaron un daño económico al Estado que alcanza los 925 millones de bolivianos. “Se ha evidenciado que ha habido desembolsos a cuentas particulares de dirigentes del Conamaq, de las Bartolinas, esos desembolsos han sido autorizados y no controlados por el exministro de Economía”, afirmó el fiscal del caso Miguel Cardozo.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta. Foto: APG
Las versiones oficiales difieren en cuanto a la magnitud del presunto daño y ello se refleja en las cifras que reflejan los medios de comunicación. Mientras agencias internacionales reseñaron acusaciones que hablan de centenares de millones de dólares vinculadas al periodo en que Arce fue ministro de Economía, otras fuentes nacionales citan cifras concretas en bolivianos: el Gobierno ha mencionado un supuesto daño cercano a 360 millones de bolivianos (unos 51,7 millones de dólares), tal cual dice Oviedo, mientras que notas internacionales han citado montos mucho mayores en comunicados iniciales.
La detención ocurre poco más de un mes después de la transición presidencial y ha provocado reacciones encontradas. Desde el entorno oficialista se defiende la operación como cumplimiento del derecho y del deber de investigar hechos de corrupción; en cambio, voces afines al expresidente denunciaron el arresto como ‘secuestro ilegal’ y cuestionaron los procedimientos. La exministra de la Presidencia, por ejemplo, calificó públicamente la acción en esos términos.
María Nela Prada anunció que la defensa de Arce impugnará la forma en que se llevó a cabo la orden de aprehensión, porque no se le mostró el documento en el momento de su captura y se lo habría trasladado de manera irregular. Además –dice–, “no existe tampoco ninguna normativa en nuestro país que impida transferencias público – privadas, las cuales están permitidas en Bolivia y en cualquier país del mundo, en el marco de lo que se regula a nivel de la administración de los recursos públicos”.
Luis Arce y la exministra de la María Nela Prada, exautoridades de Bolivia
Puso como ejemplo los diferentes bonos que recibe la gente y señaló que esos son transferencias público- privadas. “La Renta Dignidad es una transferencia público privada, el pago a servicios de empresas privadas por cualquier nivel del estado, sea municipal, departamental o nacional, es una transferencia”. Al margen de ello, subrayó que Arce presentó “absolutamente todos los documentos de descargo”, porque “no existe, para empezar, un solo documento con la firma de él transfiriendo recursos a personas particulares, eso no existe”.
La investigación se ampliará a otras exautoridades como los exministros Nemesia Achacollo y Juan Ramón Quintana, que están en la mira dentro de este proceso. “Irán apareciendo, además de otros responsables, estamos hablando de Juan Ramón Quintana y otros personeros de ese momento participaron de estos hechos que se produjeron en el Fondo Indígena”, señaló Oviedo para luego enfatizar que el daño económico al extinto Fondo Indígena fue millonario y producto de “una corrupción terrible”.
El caso Fondioc ha sido objeto de indagaciones y reclamos desde hace más de una década, con decenas de denuncias, causas judiciales y la figura de Marco Antonio Aramayo, exdirector que denunció irregularidades y que murió en prisión en abril de 2022, hecho que retomó relevancia en las últimas semanas. La familia ha pedido que se esclarezca la responsabilidad penal y administrativa de quienes aprobaron desembolsos y resoluciones.
Arce en las oficinas de la FELCC: Foto: El Deber
Tras la aprehensión, la Fiscalía debe formalizar las imputaciones y el juez decidirá medidas cautelares. La divergencia en las cifras y la existencia de múltiples causas pendientes obligan a que el proceso aporte pruebas documentales como órdenes de pago, actas de directorio, y transferencias bancarias, que aclaren las decisiones tomadas en años anteriores. Analistas alertan sobre la necesidad de que la investigación sea técnica, pero que llegue hasta el fin para identificar a todos los responsables.
Tal es el caso de Óscar Ortiz, quien, cuando fue senador, indagó el caso de corrupción en el extinto Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y pudo establecer que el 95% de los recursos públicos desembolsados llegaron a cuentas privadas, parte de las supuestas irregularidades en la ejecución de proyectos vinculados con actividades agropecuarias en comunidades del área rural entre 2009 y 2015.
“Este es un tema mucho más grande que el caso de Lidia Patty. Fue un sistema de transferencia de dinero público a manos privadas con fines políticos”, señala para luego puntualizar que antes de los comicios ‘se incrementaban los desembolsos’. Añadió que ‘con eso pagaron lealtades’ de la dirigencia del Pacto de Unidad, el bloque que aglutinaba a los sectores indígenas, originarios y campesinos. La supuesta mala administración de esos montos puede costarle la libertad a Arce. Un juez determinará su destino en breve.