Con la sanción de la ley rápida, la ALP reduce a 15 días el plazo para convocar, postular, evaluar y designar a las nuevas autoridades del Órgano Electoral, en medio de cuestionamientos por la celeridad y defensas de una renovación inmediata.
Frontis del TSE. Foto: El Deber
La pasada jornada, el Senado sancionó la norma transitoria que establece un mecanismo acelerado y sumamente apretado para renovar a los seis vocales titulares del TSE cuyo mandato concluye el 19 de diciembre de 2025. Los plazos, desde la publicación de la convocatoria hasta la designación final, quedaron fijados en apenas 15 días calendario, con cada fase asignada a un día o, en algunos casos, máximo a cuatro; en tanto, algunos políticos y analistas celebran la celeridad, pero otros advierten que el apresuramiento podría sacrificar la calidad, transparencia e independencia del proceso.
La ley transitoria, aprobada por ambas cámaras legislativas, modifica los plazos tradicionales para la selección, elección y designación de los vocales del TSE. El período total se reduce de lo habitual, que fija un plazo de hasta 45 días, a apenas 15 días desde la publicación de la convocatoria, es decir tan solo la tercera parte. Se eliminan los exámenes orales y escritos exigidos en procesos anteriores y, en su lugar, se define que la evaluación quedará demarcada a méritos, conocimientos y la ‘probidad’ de los postulantes.
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El procedimiento quedó definido en 12 fases, desde la convocatoria hasta la emisión del informe final para su remisión al pleno de la ALP, que será la instancia que definirá los nombres de los seis próximos vocales electorales nacionales, que tendrán la responsabilidad de tomar la posta de sus antecesores y encaminar el proceso electoral de cara a los comicios subnacionales, programados para el 22 de marzo de 2026.
La Comisión Mixta de Constitución, integrada por diputados y senadores, será la encargada de conducir todo el proceso bajo ese calendario ajustadísimo. La intención declarada por legisladores oficialistas es asegurar que los nuevos vocales asuman antes de la culminación del mandato vigente prevista para el 19 de diciembre y permitir que el calendario electoral siga su curso con normalidad y de esa manera asegurar que no haya ningún tipo de retrasos que obligue a modificar la fecha programada para las subnacionales.
La última sesión de la ALP. Foto: Vicepresidencia
Para quienes respaldan la norma, la celeridad es imperiosa. Por ejemplo, el presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que la sanción de la ley por ‘amplia mayoría’ da ‘certeza y seguridad’ de que el proceso se concretará antes del vencimiento del mandato actual. Asimismo, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, señaló que ‘aún es posible’ elegir a las nuevas autoridades antes de que se cumpla el plazo establecido.
En declaraciones recogidas tras la sanción, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, anticipó que la promulgación de la norma será inmediata y que los plazos se cumplirán ‘sin demoras’, además de subrayar la necesidad de no postergar una renovación electoral ya atrasada. Pero, para ello, es el presidente Rodrigo Paz quien tiene la responsabilidad en sus manos de promulgar la norma para que el proceso inicie de una vez por todas.
Para estos sectores, un proceso exprés, aunque ajustado, es preferible a dejar las vocalías vacantes o en manos de un TSE con mandatos vencidos, lo que podría afectar el calendario de elecciones subnacionales previsto para 2026. Pero, no todos piensan así. Diversos analistas, expertos electorales y opositores han advertido que un procedimiento tan comprimido puede limitar la fiscalización, la participación ciudadana y la capacidad para revisar antecedentes y méritos de los postulantes.
Las principales objeciones se refieren a la eliminación de los exámenes escritos y orales, considerados antes como mecanismos de transparencia e igualdad de condiciones entre los aspirantes, así como que el calendario deja un margen casi nulo para interponer las impugnaciones, revisiones y debates públicos, lo que debilita el carácter participativo del proceso. Las 12 fases previstas se suceden con plazos mínimos de un día por etapa.
Los nuevos vocales tendrán la misión de organizar las subnacionales. Foto: El Deber
Algunos sectores plantean, de hecho, la posibilidad de que la rapidez comprometa la legitimidad del nuevo TSE desde su origen, lo que podría generar cuestionamientos a futuro tanto nacionales como internacionales. La renovación del TSE se convierte en un asunto estratégico para definir la arquitectura electoral de los próximos años, incluidos los comicios subnacionales programados para 2026.
Con la norma ya sancionada y enviada al Ejecutivo para su promulgación, el reloj comenzó a correr. Una vez promulgada, la convocatoria deberá publicarse –la ley prevé que ese paso ocupe un día– y desde ese momento empezará a computarse el plazo de 15 días para completar todo el proceso. La responsabilidad recae en la Comisión Mixta de Constitución, que deberá mover cada etapa sin pausa, incluyendo la verificación de requisitos, recepción de impugnaciones, evaluación de méritos, y entrega del informe final a la ALP. Todo en un calendario sin margen a error.
El plenario de la Asamblea Legislativa será luego el encargado de elegir por voto nominal y con quórum calificado a los seis nuevos vocales titulares, bajo criterios de paridad de género y plurinacionalidad. Si todo sale según lo previsto, la renovación será completada antes del 19 de diciembre. El desafío no es solo cumplir con los plazos, sino garantizar que la elección de las nuevas autoridades electorales refuerce y no debilite la legitimidad, imparcialidad e independencia del sistema electoral boliviano.