Cayetano recordó que su padre, apenas asumió como director del Fondo Indígena, solicitó una auditoría, la cual reveló un desfalco millonario.
eju.tv / La Hora Pico
Santa Cruz.- La familia de Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, advirtió que, si el Estado no actúa de manera efectiva contra los responsables del millonario desfalco, presentará una denuncia ante instancias internacionales para exigir justicia por las vulneraciones de derechos, las irregularidades y la muerte de Aramayo.
En entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv, conducido por María Belén Mendívil y Jorge Robles, Cayetano Aramayo, hijo del exdirector del Fondo Indígena, afirmó que están preparados para avanzar con una acción internacional si el proceso vuelve a quedar estancado o inconcluso.
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“Estamos con el objetivo de hacer una demanda internacional, porque si la justicia boliviana nuevamente no llega a investigar el Fondo Indígena a fondo, el Estado boliviano tendrá que responder. Si la justicia en nuestro país no logra definir a los verdaderos culpables, nos iremos a instancias internacionales para que Bolivia responda por esos funcionarios y dirigentes que vulneraron tantos derechos universales”, declaró.
Cayetano Aramayo insistió en que la investigación del Fondo Indígena debe retrotraerse a su creación, ya que —según afirmó— desde sus inicios existieron irregularidades y conflictos de interés.
Señaló que la esposa del entonces Contralor General del Estado fue quien impulsó la formulación del Fondo, lo que en su criterio evidencia la necesidad de revisar en profundidad el origen, manejo y estructura de la institución.
Asimismo, denunció que la gran mayoría de los proyectos financiados nunca se ejecutaron. “El Fondo Indígena ha sido ocupado de muy mala manera. Si vemos los proyectos, le aseguro que más del 80% de los que están dentro de las investigaciones no han sido ejecutados”, sostuvo.
Cayetano también recordó que su padre, apenas asumió como director del Fondo Indígena, solicitó una auditoría, la cual reveló un desfalco millonario. Esa auditoría coincidió con un periodo electoral del gobierno de Evo Morales, lo que —según Aramayo— generó presiones para evitar que la información saliera a la luz.