El fiscal general insistió en que su actuación se ciñe estrictamente al marco constitucional y al principio de objetividad. “Lo que sí nosotros estamos haciendo como Ministerio Público es dar cumplimiento a lo que establece el artículo 225 de la Constitución Política del Estado”, afirmó y rechazó de manera categórica cualquier calificativo de persecución política.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, explicó esta noche (10) que la aprehensión del expresidente, Luis Arce Catacora, se fundamenta en tres requisitos que establece la ley para una detención preventiva: indicios de participación, peligro de fuga y riesgo de que el investigado obstaculice el proceso. La decisión, según Mariaca, fue tomada de manera objetiva e independiente por la comisión de fiscales de La Paz que lleva el caso del presunto desfalco millonario al Fondo de Desarrollo Indígena (FONDIOC).
“Primero, los indicios de participación en el hecho. Segundo, el peligro de fuga y tercero, el peligro de obstaculización que puede haber por parte de esta persona en contra de los otros co-imputados o en contra del presente proceso penal. Eso ahora pasa a mano del fiscal nuevamente y será la comisión de fiscales que va a considerar la solicitud”, declaró Mariaca y agregó que la determinación final sobre la detención preventiva recaerá en dicha comisión.
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Mariaca enfatizó que el proceso se desarrolla “de manera objetiva e independiente” y con total autonomía por la comisión de fiscales designados en La Paz. Respecto a por qué Arce es procesado por la vía penal ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades, el fiscal aclaró que los hechos investigados ocurrieron cuando el detenido era ministro de Economía y miembro de la directiva del FONDIOC, no durante su mandato presidencial.
“No estamos hablando de hechos que pudieron haber pasado cuando él fungía como presidente electo del país”, precisó y apuntó que la investigación nació de una ampliación de denuncia presentada por el Fondo Indígena y se sustenta en informes policiales.
Consultado sobre la naturaleza de los indicios en contra del expresidente, Mariaca optó por la reserva procesal y anunció que toda la evidencia será presentada formalmente en la audiencia de medidas cautelares. No obstante, adelantó que se trata de “supuestos hechos de corrupción” que involucran el desvío de “dinero en cantidades enormes”, presuntamente dispuesto no solo por Arce, como cabeza de la comisión, sino también por otras personas.
El fiscal general insistió en que su actuación se ciñe estrictamente al marco constitucional y al principio de objetividad. “Lo que sí nosotros estamos haciendo como Ministerio Público es dar cumplimiento a lo que establece el artículo 225 de la Constitución Política del Estado”, afirmó y rechazó de manera categórica cualquier calificativo de persecución política.
La aprehensión fue anunciada oficialmente esta noche por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien detalló que el presunto daño económico asciende a 360 millones de bolivianos, cifra que, sumada a “otros hechos delictivos”, podría alcanzar los 700 millones de dólares.
Por último, Mariaca reafirmó que el Ministerio Público solo está cumpliendo con su deber de investigar los indicios presentados por los denunciantes, el FONDIOC y la Policía Boliviana, dentro del marco de objetividad que, aseguró, ha caracterizado su gestión desde 2024, por lo que aplica los mismos estándares a todos los casos sin excepción.