La autoridad anunció que todas estas irregularidades serán incorporadas al trabajo de la Comisión para la Verdad y derivadas a las instancias correspondientes, a través de denuncias ante el Ministerio Público y auditorías especiales, al igual que ante la Contraloría.
eju.tv / Video: BTV
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, detalló este miércoles una serie de irregularidades administrativas, operativas y financieras detectadas en la gestión anterior de Boliviana de Aviación (BoA), las cuales presuntamente ocasionaron perjuicios económicos al Estado y afectó directamente a los usuarios del servicio aéreo.
«Nos hemos hecho presentes en BOA a requerimiento del ministro y también considerando otros parámetros objetivos. Queremos informar que, hasta el día de ayer, teníamos en el Viceministerio de Transparencia 11 denuncias nuevas en contra de BOA. Asimismo, queremos indicar que, a esas 11 denuncias, hemos identificado otras cinco que habría presentado el anterior gerente a última hora. En función de ello, nos hemos trasladado a este lugar para poder recabar información que queremos dar a conocer», explicó el viceministro.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Entre las principales observaciones, la autoridad señaló que BoA incurrió en una planificación operativa irreal, al programar sus operaciones como si contara con 13 aeronaves, cuando la flota disponible era menor. Esta situación, considerada crítica, fue advertida al entonces gerente el 25 de septiembre pasado, sin que se hubieran adoptado medidas correctivas.
«Como consecuencia de esta deficiente planificación, se generaron cancelaciones, retrasos y falta de espacios, afectando a miles de pasajeros. “El perjuicio a los usuarios tiene una causa concreta y debe tener responsables con nombre y apellido”, afirmó García.
Otra irregularidad identificada fue la venta de una aeronave en diciembre de 2024 por 7,4 millones de dólares, pese a que existían denuncias públicas de que su valor referencial era significativamente mayor. El viceministro cuestionó esta decisión, considerando que BoA atravesaba una carencia de entre cuatro y cinco aeronaves, lo que agravó los problemas operativos.
Asimismo, observó un posible uso indebido de la normativa financiera vigente, ya que, si bien la Ley del Presupuesto General del Estado 2023 (PGE) autorizó la disposición de bienes, esta debe responder a criterios de necesidad y racionalidad, aspectos que no se habrían cumplido en este caso.
García también señaló decisiones gerenciales y del entonces directorio sin sustento técnico, como la autorización de vuelos internacionales con muy baja ocupación. Citó como ejemplo rutas donde aeronaves con capacidad para 168 pasajeros transportaron apenas 17 personas en la ruta hacia La Habana, Cuba, mientras usuarios en Bolivia enfrentaban la falta de cupos para viajar. Estas decisiones presuntamente generaron un daño económico estimado en 2.531 millones de bolivianos entre las gestiones 2023 y 2025, monto que será objeto de verificación mediante auditorías especializadas.
La autoridad anunció que todas estas irregularidades serán incorporadas al trabajo de la Comisión para la Verdad y derivadas a las instancias correspondientes, a través de denuncias ante el Ministerio Público y auditorías especiales, al igual que ante la Contraloría General del Estado, con el objetivo de establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales.