El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, confirma la instalación de mesas de trabajo con el transporte urbano y la Alcaldía de Santa Cruz, en medio del paro de micros y el rechazo al Decreto Supremo 5503 que eliminó la subvención al diésel y la gasolina.
eju.tv
El Gobierno nacional instaló una mesa de diálogo con el transporte urbano de Santa Cruz de la Sierra, en un intento por desactivar la protesta del sector que decidió no sacar sus unidades este viernes en rechazo al Decreto Supremo 5503, norma que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.
La medida de presión es protagonizada por diferentes sindicatos del transporte urbano en todo el territorio nacional; los choferes exigen la abrogación del instrumento legal, porque consideran que es atentatorio a ese sector y a la población nacional en su conjunto. Si el reclamo gremial no es atendido anuncian otras determinaciones como un paro indefinido nacional y bloqueo de caminos y vías urbanas.
El viceministro Justiniano, informó que este viernes, a partir de las 9:00, sostendrá una reunión con representantes del transporte urbano y con el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, con el objetivo de encontrar una salida que permita la normalización del servicio público en la capital oriental.
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“Entendemos la situación que atraviesa el transporte. Ayer ya dialogamos con ellos y estamos evaluando soluciones a corto y mediano plazo para garantizar que el servicio no se paralice en Santa Cruz. Esperamos llegar a una solución”, afirmó la autoridad en declaraciones difundidas por Red Uno.
La medida de presión del transporte urbano se produce en el marco de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, que determinó la eliminación de la subvención a los carburantes como parte de un paquete de medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo en un contexto de restricciones fiscales y presión sobre las finanzas públicas.
En Santa Cruz, la dirigencia del sector demanda que la tarifa del pasaje se incremente de Bs 2,30 a Bs 5, argumentando que el retiro de la subvención al diésel eleva significativamente sus costos operativos. Sobre este punto, Justiniano precisó que la definición del costo del pasaje no es competencia del Gobierno central, sino de las alcaldías.
“Ese tema será abordado con el alcalde, que es la autoridad competente para definir el costo del pasaje”, explicó el viceministro, al señalar que la prioridad inmediata es garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano.
“Ahora estamos enfocados en el transporte urbano. Ese será el primer tema, porque la ciudad no puede quedarse sin micros. Sabemos que algunas unidades están prestando el servicio, pero con costos excesivos”, añadió.
Justiniano reconoció que el conflicto con los choferes está directamente vinculado al precio del combustible; sin embargo, dejó en claro que el Decreto Supremo 5503 no está en revisión. En ese marco, indicó que el Órgano Ejecutivo trabaja en alternativas complementarias para mitigar el impacto económico en el sector.
Entre las opciones planteadas, mencionó la conversión de vehículos que actualmente funcionan con diésel a gas natural vehicular (GNV), un proceso que podría implementarse en un plazo aproximado de seis meses. Asimismo, anunció la conformación de mesas técnicas para analizar el nivel real de incidencia del incremento del combustible en la estructura de costos del transporte urbano.
“Se van a establecer mesas de trabajo para analizar cuál es el porcentaje de incidencia del incremento del diésel en los costos del transporte”, sostuvo.
El conflicto se desarrolla en un escenario de tensión social y económica, mientras el Gobierno busca sostener las medidas adoptadas para reducir el gasto en subvenciones. Los transportistas presionan por ajustes tarifarios que compensen el aumento de sus costos operativos.