El conflicto entra en una fase crítica. Mientras dirigentes de la COB inician huelgas de hambre en la sede de gobierno, cocaleros del trópico y organizaciones campesinas advierten con radicalizar medidas. El Ejecutivo convoca al diálogo, pero ratifica que la norma no será abrogada.
Piquete de huelga de hambre de las esposas de mineros. Foto: APG
La conflictividad social en torno al Decreto Supremo 5503 se intensifica en Bolivia en su segunda semana, con nuevos frentes de presión que elevan la tensión política y social. A las marchas persistentes de la Central Obrera Boliviana (COB), concentradas principalmente en La Paz, se suman ahora una huelga de hambre indefinida, advertencias de radicalización por parte de cocaleros del trópico de Cochabamba y el pronunciamiento de organizaciones campesinas que anuncian un ‘apronte nacional’.
Un grupo de esposas de mineros afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y miembros de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia instalaron piquetes de huelga de hambre para exigir la anulación del decreto. “No nos dejan otra alternativa; este decreto castiga al pueblo y golpea directamente el bolsillo de los trabajadores”, afirmó uno de los huelguistas, quien advirtió que la medida se mantendrá hasta que el Gobierno instale un diálogo ‘real y vinculante’.
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El ejecutivo del ente matriz, Mario Argollo, lamentó que los sectores hayan llegado a este extremo y responsabilizó al Gobierno por la radicalización de las medidas; sin embargo, la COB, aunque mantiene movilizaciones diarias, enfrenta una convocatoria limitada y sin articulación nacional. Pese a ello, su dirigencia insiste en la presión. “No estamos debilitados; estamos resistiendo una medida injusta que fue impuesta sin consultar al movimiento obrero”, sostuvo un dirigente fabril durante una marcha en La Paz.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, convoca a las mesas técnicas. Foto: APG
El conflicto escaló políticamente tras el pronunciamiento de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Desde Lauca Ñ, dirigentes cocaleros advirtieron que el DS 5503 no solo afecta el tema del combustible, sino que “esconde una agenda económica que perjudica al campo y a los recursos naturales”. “Si el Gobierno no retrocede, el Chapare va a responder con movilización”, afirmó la dirigente Wilma Colque, quien no descartó bloqueos de carreteras.
En la misma línea, organizaciones campesinas anunciaron un estado de emergencia. “Estamos en apronte. No vamos a permitir que se gobierne contra el pueblo”, declaró Nelson Virreira, representante de los campesinos del Valle Alto de Cochabamba, quien anunció, además, una movilización conjunta con los cocaleros. “Como movimiento campesino estamos sumándonos desde el lunes de manera activa a todas las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana”, sostuvo.
Desde el Ejecutivo, el discurso se mantiene firme. Tras haber anunciado el gabinete de Paz el inicio de mesas técnicas para profundizar los alcances del Decreto Supremo 5503, el Gobierno cursó las cartas de invitación a la dirigencia obrera, a los dirigentes campesinos y del magisterio urbano para dialogar en la Casa Grande del Pueblo el próximo lunes 5 de enero del año que inicia en horas más.
El presidente Rodrigo Paz convocó al diálogo a los movilizados. Foto Unitel
“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz Pereira, ratifica su política de comunicación abierta, directa y permanente con la ciudadanía y confirma la convocatoria a todos los sectores sociales y productivos del país, sin excepción, a un diálogo nacional”, señala un comunicado difundido hace unas horas.
Además de los sectores sociales, participarán de este encuentro los ministros de Estado. “El objetivo es escuchar, explicar y construir consensos en torno al Decreto Supremo 5503 y otras preocupaciones expresadas por distintos sectores”, señala el comunicado de Paz
Asimismo, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, sostuvo en entrevistas televisivas que las movilizaciones no configuran un conflicto de alcance nacional y que el Ejecutivo no dará marcha atrás en la medida. En declaraciones difundidas por Unitel, la autoridad afirmó que ‘el decreto llegó para quedarse’, al considerar que se trata de una decisión estructural orientada a la sostenibilidad económica del país. No obstante, confirmó que el Gobierno mantiene abierta la convocatoria al diálogo con los sectores movilizados.
La COB lleva adelante la décima jornada de movilizaciones. Foto: El Deber
Analistas políticos coinciden en que el conflicto comienza a adquirir un componente marcadamente político. El politólogo Marcelo Arequipa explicó que la protesta carece, hasta ahora, de respaldo ciudadano mayoritario y que su persistencia responde más a una disputa de poder y posicionamiento que a una articulación social amplia. Empero, existen voces que insisten en que la prolongación del conflicto podría desgastar tanto a los sectores movilizados como al propio Ejecutivo.
Ese diagnóstico coincide con percepciones ciudadanas reflejadas en redes sociales y sondeos de medios digitales, donde el apoyo a las movilizaciones es minoritario, lo que evidencia una desconexión entre los sectores movilizados y la mayoría urbana. habitantes de la sede de Gobierno cuestionaron a los sectores en protesta por la medida que ‘impide el derecho a la libre locomoción y el trabajo’. La molestia es indudable.
Mientras el Gobierno insiste en el diálogo, aunque sin modificar el núcleo del decreto, y los sectores movilizados endurecen su discurso, el conflicto por el DS 5503 entra en una fase decisiva. La posibilidad de una escalada dependerá de si las amenazas de movilización del trópico y del sector campesino se materializan, o si el diálogo logra contener una confrontación mayor en los próximos días.