Ha pasado su segunda noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz a la espera de la audiencia de medidas cautelares en la cual se definirá su futuro legal
Por: eju.tv
Hace 35 días el expresidente Luis Arce abandonaba la Casa Gran del Pueblo, el edificio de Gobierno de Bolivia. Hoy enfrenta uno de sus peores momentos y se arriesga a quedar detenido por un caso de supuesta corrupción en el Fondo Indígena por sus acciones como ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales.
Ha pasado su segunda noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz a la espera de la audiencia de medidas cautelares en la cual se definirá su futuro legal.
Es investigado por el supuesto desvío a cuentas personales de dirigentes de recursos económicos destinados al extinto Fondo Indígena, conocido como Fondioc. Según la Fiscalía, el presunto daño económico se estima que es de 925 millones de bolivianos.
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La Fiscalía ha pedido la «detención preventiva» de Arce «por el plazo de tres meses en el Centro de Reinserción Qalauma», en el municipio de Viacha, en La Paz.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dijo este jueves que la justicia «no reconoce fueros, ni privilegio» con relación al proceso que enfrenta el exmandatario, puesto que «en su condición de exministro de Economía, obedece a este proceso ordinario»
Arce es procesado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La audiencia de medidas cautelares está programada para las 13.00 de este viernes, anunció Saucedo.
«El juez que conozca el día de mañana la audiencia de aplicación de medidas cautelares tendrá que actuar con la independencia que tanto hemos venido promoviendo durante este tiempo, tendrá que actuar en base a la objetividad de los elementos que se han puesto a consideración por el Ministerio Público y por los demás sujetos procesales», sostuvo.
La exministra María Nela Prada ha defendido la inocencia de Arce y aseguró que tienen todos los respaldos y descargos para sustentar esa postura, entre ellos normativa que avalaba el traspaso del dinero público a cuentas personales.
La Fiscalía ha ordenado la aprehensión de otras cinco personas.