La veeduría elaborará dos informes parciales y un informe final: el primero al concluir la verificación de requisitos generales y específicos, el segundo tras la resolución de los recursos de impugnación, y el informe final una vez concluido todo el proceso.
La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia, iniciativa impulsada por la Fundación Jubileo, junto con la red Unitas, anunciaron su participación como veedurías nacionales en el Proceso de Selección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que en esta jornada al final de la tarde se cierra el periodo de registro.
Ambas instituciones realizarán un seguimiento continuo a todas las etapas del proceso, combinando la observación presencial en sesiones legislativas con el monitoreo virtual de las transmisiones oficiales de las cámaras de Senadores, de Diputados y otras instancias. La ley establece que, en cumplimiento de los principios de transparencia, todas las sesiones deben ser de acceso público.
Para esta labor, la OCD Bolivia y Unitas conformaron un equipo técnico de 18 personas, entre especialistas y voluntarios, que inició actividades este lunes 8 de diciembre. El grupo se encargará del registro y sistematización de la información generada en cada fase del proceso de selección.
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La veeduría elaborará dos informes parciales y un informe final: el primero al concluir la verificación de requisitos generales y específicos, el segundo tras la resolución de los recursos de impugnación, y el informe final una vez concluido todo el proceso de selección y designación.
La herramienta de monitoreo permitirá registrar datos de cada etapa e incluirá una evaluación del cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, independencia, equidad, eficiencia y legalidad, criterios que deberán observar los miembros de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la ALP.
La participación de Jubileo y Unitasse enmarca en la misión institucional de fortalecer la democracia y promover la transparencia en los procesos públicos. En cumplimiento a la Ley 1701, ambas organizaciones solicitaron la acreditación correspondiente ante la ALP, mismas que fue aceptada.
El artículo 9 de la Ley 1701 establece que se habilita a universidades públicas y privadas, asociaciones de periodistas, medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro, sectores sociales, empresariales, laborales, pueblos indígenas y otras entidades con personalidad jurídica, a acreditar representantes ante la Comisión Mixta. Estas organizaciones pueden presentar observaciones por escrito en cualquier etapa del proceso, las cuales son puestas en conocimiento de los legisladores.