El Legislativo ingresa a la fase decisiva de revisión y preselección; el país sigue sin árbitro electoral firme a pocos meses de las subnacionales 2026.
La Comisión Mixta de Constitución en pleno trabajo de revisión de documentos. Foto: Senado
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) encara esta semana la etapa más crítica del proceso para elegir a los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en medio de plazos ajustados, tensiones políticas y la presión social por recuperar la credibilidad institucional. Tras el cierre de postulaciones y la verificación documental preliminar, las comisiones mixtas se alistan para iniciar la revisión de méritos, entrevistas y la preselección de finalistas que serán remitidos al pleno.
De acuerdo con el reglamento, el proceso consta de tres pasos centrales: verificación de requisitos, evaluación de méritos, impugnaciones y preselección, antes de llegar a la votación final en la ALP, que debe aprobar a los vocales por dos tercios. Aunque el oficialismo insiste en que existe ‘voluntad política’ para concluir el proceso sin retrasos, existe el riesgo de que, sin acuerdos previos, la elección se trabe en el pleno tal como ocurrió en anteriores gestiones.
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Las comisiones legislativas tienen un tiempo limitado para depurar observaciones y elaborar las listas de habilitados e inhabilitados. Luego deben puntuar experiencia, formación y trayectoria en áreas jurídicas, técnicas y de administración pública. La fase de evaluación de méritos, conocimientos y probidad se proyecta como el momento más sensible, pues en ella se espera que los aspirantes respondan sobre independencia, garantías de imparcialidad y su posición frente a los cuestionamientos que arrastra el Órgano Electoral tras las últimas crisis institucionales.
La Comisión recibe las postulaciones. Foto: Senado
El calendario interno establece que la ALP tiene solo quince días en total para completar la selección. La renovación del TSE es urgente: el país necesita un nuevo órgano rector para organizar las elecciones subnacionales de 2026, cuya etapa preparatoria comienza prácticamente en el primer semestre del próximo año. En promedio, el proceso completo suele tomar entre 30 y 45 días, pero esta vez el Legislativo opera con una presión adicional: la vacancia interna en el TSE y los constantes cuestionamientos a la administración electoral actual.
“Hay plazos establecidos para elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, (…) para que nosotros podamos valorar y ver que se cumpla con la meritocracia correspondiente”, explicó el presidente de esta comisión, senador Daniel Ortiz Velásquez. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan del Granado, afirmó “que sea, sobre todo por su precisión, por su claridad y por su amplitud, una convocatoria a las personalidades más eminentes del país y que sea una garantía manifiesta para el conjunto de los bolivianos que concurren a las urnas”.
Los analistas coinciden en que el desafío principal no está en la parte técnica, sino en el consenso político. Sin una mayoría de dos tercios, la elección podría estancarse y obligar a reiniciar el proceso. Algunos recuerdan que lo ocurrido con los vocales departamentales en diferentes regiones del país muestra un patrón, existen dificultades para atraer perfiles independientes y hay un desgaste en la confianza ciudadana.
Decenas de personas se presentaron a la convocatoria. Foto: Senado
Mientras tanto, organizaciones civiles y plataformas de observación electoral piden transparencia absoluta, transmisión pública de las entrevistas y publicación inmediata de puntajes para evitar cuestionamientos posteriores. Por ejemplo, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia, iniciativa impulsada por la Fundación Jubileo, junto con la red Unitas, anunciaron su participación como veedurías nacionales en el Proceso de Selección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ambas instituciones realizarán un seguimiento continuo a todas las etapas del proceso, combinando la observación presencial en sesiones legislativas con el monitoreo virtual. La ley establece que, en cumplimiento de los principios de transparencia, todas las sesiones deben ser de acceso público. La veeduría elaborará dos informes parciales y un informe final: el primero al concluir la verificación de requisitos generales y específicos, el segundo tras la resolución de los recursos de impugnación, y el informe final una vez concluido todo el proceso de selección y designación.
La ALP tiene la responsabilidad de entregar un TSE renovado, técnico y legítimo en el menor tiempo posible, la fecha fatal es el 18 de diciembre para que el país conozca a los seis nuevos vocales electorales que serán elegidos entre 440 postulantes. Lo que ocurra en los próximos días definirá no solo la arquitectura y certidumbre del calendario electoral, sino también la credibilidad del próximo ciclo democrático.