La exigencia legislativa pone sobre la mesa la presión política y social para que el Ministerio Público actúe con celeridad en los emblemáticos casos de corrupción que involucran a exautoridades de empresas estatales, en un contexto de reclamo generalizado por justicia y transparencia.
Legisladoras de oposición exigieron este lunes a la Fiscalía General del Estado que active de inmediato el arraigo migratorio y ejecute la orden de aprehensión contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, para evitar su fuga del país ante las investigaciones por corrupción. Los legisladores advirtieron que los anuncios gubernamentales de investigar sin acciones concretas están dan una peligrosa «carta blanca» para la huida de los implicados.
Durante sus intervenciones en la Asamblea Legislativa, los representantes de oposición criticaron duramente lo que perciben como una parálisis deliberada del sistema de justicia.
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“Parecería que el Gobierno les está diciendo a todos los que han desfalcado las instituciones, ‘empiecen a huir porque estamos investigando’ y con eso, con el anuncio de los casos de corrupción, pero no el inicio de investigaciones y la negativa a conformar una comisión multipartidaria, estamos dando muchísima carta blanca para que los que han sido responsables puedan huir del país”, dijo la diputada de Libre, Lissa Claros, ante los medios y exhortó directamente al fiscal general, Roger Mariaca, a cumplir sus funciones y garantizar la permanencia de los investigados.
La senadora de Unidad, Tatiana Áñez, sumó su voz a la exigencia y vinculó la recuperación de los recursos desviados con el bienestar de la población. “Se tiene que investigar todo lo que han hecho mal los gobiernos anteriores y mucho más tiene que retornar el dinero de los bolivianos para que nosotros podamos vivir en mejores condiciones, para que ese dinero sea traducido en mejor salud, en mejor educación”, afirmó Áñez.
Otros legisladores profundizaron en las acusaciones específicas contra Dorgathen y señalaron su presunta vinculación con la cúpula del Gobierno anterior del MAS de Luis Arce. Una legisladora afirmó que Dorgathen “tiene nexos y han hecho lo que les ha dado la gana en YPFB, de la mano del hijo del expresidente Arce”, y planteó las preguntas centrales de la investigación: “¿Dónde están los millones que han desaparecido de YPFB?, ¿dónde están esas empresas fantasmas que se han inventado en las subsidiarias de YPFB?”.
Las parlamentarias reclamaron la puesta en marcha de mecanismos de investigación más amplios e insistieron en la necesidad de que la denominada «comisión de la verdad» sobre los actos de gobierno pasados empiece a funcionar de inmediato, bajo el argumentó que existe un vasto campo por investigar y que la ciudadanía espera resultados concretos y la recuperación de los fondos públicos.
La exigencia legislativa pone sobre la mesa la presión política y social para que el Ministerio Público actúe con celeridad en los emblemáticos casos de corrupción que involucran a exautoridades de empresas estatales, en un contexto de reclamo generalizado por justicia y transparencia.