El incidente reaviva el debate sobre el uso de explosivos en protestas sociales, una práctica recurrente de los mineros, a pesar de su prohibición legal. La exigencia del senador Ormachea enfatiza la necesidad de aplicar la ley y sancionar a los responsables, en un contexto donde la seguridad de las personas e instituciones públicas no puede quedar expuesta a este tipo de acciones de alto riesgo.
El senador de Alianza Libre, José Manuel Ormachea, exigió hoy (30) el estricto respeto a la Ley 400, que prohíbe el uso de dinamita en manifestaciones, luego de que la Policía hallara un cartucho de este explosivo sin detonar en el ingreso principal de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El legislador calificó el hecho como una «verdadera vergüenza» y exigió una investigación para dar con los responsables.
“Usan (explosivos) no solamente cerca de las instituciones, sino de personas, ciudadanos, que están cerca de la plaza Murillo, que están con sus hijos, que están con sus familias, es una verdadera vergüenza, es una verdadera falta de respeto al país”, enfatizó el senador, tras conocerse el hallazgo del artefacto letal.
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Con tono enérgico, Ormachea condenó la peligrosa práctica que pone en riesgo a la ciudadanía y recordó el marco legal específico que se estaría vulnerando. “(La ley) prohíbe que este tipo de artefactos sean manipulados y sobre todo pues cerca de instituciones tan importantes como el Ejecutivo Nacional, como la Asamblea Legislativa, aquí cerca tenemos Cancillería y es decir, usan indiscriminadamente este tipo de artefactos letales”, criticó Ormachea.
El descubrimiento se produjo más temprano, después de la marcha protagonizada por la Central Obrera Boliviana (COB) en el centro de La Paz. Según el jefe de seguridad de la ALP, el cartucho de dinamita no detonó porque la mecha se separó de la carga principal y evitó así una tragedia. Ante el riesgo, personal especializado de la Unidad Operativa de Bomberos Antofagasta se desplazó al lugar para retirar el explosivo bajo estrictos protocolos de seguridad, mientras el área era acordonada para proteger a funcionarios y transeúntes.
El incidente reaviva el debate sobre el uso de explosivos en protestas sociales, una práctica recurrente de los mineros, a pesar de su prohibición legal. La exigencia del senador Ormachea enfatiza la necesidad de aplicar la ley y sancionar a los responsables, en un contexto donde la seguridad de las personas e instituciones públicas no puede quedar expuesta a este tipo de acciones de alto riesgo.