«Estamos tras esa organización que no solo operaba en Santa Cruz, sino a nivel nacional», señalo el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien confirmó que los operativos continuarán en las próximas horas
Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda
Efectivos de la Policía y la Fiscalía ejecutaron un operativo simultáneo en dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de cuatro departamentos para investigar al menos cinco casos vinculados con presunta corrupción, desvío de combustibles y sobreprecio.
Desde «pagos» para contratación de servicio de alimentos hasta la construcción de infraestructura de almacenaje con supuesto sobreprecio, los agentes recorrieron las oficinas de la petrolera estatal para recabar indicios.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó que «se trata de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y los fiscales departamentales para investigar los procesos penales en los que YPFB es denunciante o víctima» y mencionó como ejemplo la intervención en la planta de Senkata de El Alto y en Santa Cruz.
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«Estamos tras esa organización que no solo operaba en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Es importante mencionar que, hay que ser conscientes, estamos trabajando para desarticular esta banda que estaba jugando con la economía del país, con el estómago del pueblo», señaló.
La fiscal Superior de Anticorrupción, Mirtha Mejía Salazar, informó que en coordinación con la Policía se ejecutaron operativos e investigaciones en distintas regionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro ante la detección de presuntas irregularidades en procesos internos, manejo de combustible y contrataciones públicas.
La Paz
En el departamento de La Paz, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción llevó adelante un registro en la planta de YPFB en Senkata, donde se evidenció indicios de un manejo irregular de carburantes, específicamente el despacho de 14 cisternas con diésel que no correspondía a los parámetros técnicos establecidos.
En este caso, ocho funcionarios fueron aprehendidos y se amplió la intervención a YPFB Logística y YPFB Comercial para la colecta de documentación y verificación de procedimientos, informó la Fiscalía en un boletín institucional.
Los agentes además intervinieron oficinas YPFB del centro de La Paz y secuestraron «copias legalizadas» sobre la empresa subsidiaria Botrading, cuya investigación se encuentra en etapa preliminar.
Cochabamba
En Cochabamba, la Fiscalía Departamental ejecutó un registro en oficinas de YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial dentro de la investigación del caso «Servicio de Catering», en el que se presume la comisión de delitos de corrupción vinculados a un proceso de contratación de servicios de alimentación en 2021.
La denuncia señala que un servidor público habría recibido depósitos provenientes de la empresa adjudicada y de terceros, además de presentar un incremento patrimonial injustificado.
Durante el operativo se secuestró documentación relevante y se notificó a testigos, además de solicitarse reserva de actuaciones por 10 días para desarrollar actos investigativos urgentes.
Santa Cruz
Asimismo, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que continúa desarrollando actuaciones dentro del proceso registrado por el ilícito de incumplimiento de contratos, relacionado con presuntas irregularidades en áreas operativas y administrativas de YPFB en Santa Cruz.
Se realizó el registro del lugar que permitió obtener información consistente en documentación y secuestro de artefactos digitales. En este operativo resultaron arrestadas seis personas con fines investigativos por el caso del proyecto ICA (Incremento de Capacidad de Almacenaje)
Oruro
Por su lado, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción del departamento de Oruro allanó las oficinas regionales de YPFB ante las denuncias de presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación de almacenaje de combustibles, ejecutado por una empresa venezolana.
Se identificó que la primera fase de este proyecto tenía un costo estimado de 144.244.000 bolivianos, pero la cancelación registrada superaría los 305.168.695 bolivianos, duplicando el monto inicial.
Durante el operativo se secuestró documentación y se precintó la oficina de Asesoría Legal para profundizar la investigación. El Ministerio Público informó que el caso se encuentra en etapa inicial y continuará realizando actos investigativos para esclarecer un posible daño económico al Estado.
Casos
La Fiscalía indicó que estos casos reflejan indicios de varios delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, sabotaje, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias y cohecho.
En ese marco, las comisiones de fiscales continúan con las actuaciones destinadas a establecer responsabilidades penales y proteger los intereses del Estado.
Las investigaciones se encuentran en etapa preparatoria y se prevé ampliar las diligencias en las siguientes horas.
Mariaca anunció que los operativos continuarán en las próximas horas «para llegar a dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de los hechos de sobreprecio, de desvío de diésel en todo el país».
«Se desvía el diésel incluso para ilícitos, para la minería ilegal y para otros» usos que no precisó. «Estamos seguros que en las próxima horas vamos tener más elementos e indicios», sostuvo.