En un ataque directo a la legitimidad histórica de los dirigentes, Bilbao cuestionó su silencio pasado frente a la corrupción y el contrabando.
Legisladoras lanzaron hoy (24) una grave acusación contra la Central Obrera Boliviana (COB) al afirmar que las masivas protestas contra el Decreto Supremo 5503 no son un movimiento social auténtico, sino una operación política dirigida desde la cárcel por el exdirigente, Juan Carlos Huarachi, y por órdenes del expresidente y líder cocalero, Evo Morales. Las diputadas Julieta Jiménez (Unidad) y Claudia Bilbao (PDC) deslegitimaron las movilizaciones al presentarlas como un «chantaje» para obtener cargos ministeriales y defendieron el ajuste económico como un golpe al contrabando de combustibles.
«Señor Huarachi, usted está operando desde la cárcel de San Pedro, porque sí, ellos están recibiendo órdenes desde ahí para hacer este tema. Los de la COB no tienen nada que ver. Hay gente que está trabajando normalmente y estos dirigentillos están saliendo ahora a la palestra por órdenes de Evo Morales», denunció Jiménez ante la prensa.
Con esta declaración, la parlamentaria construyó una narrativa donde los manifestantes son marionetas y los verdaderos líderes sindicales son títeres de una conspiración carcelaria y política. Jiménez fue más allá, vinculando a Guarachi con el antiguo mercado negro de combustibles y presentando el fin de las filas por diésel como una prueba del éxito de la medida gubernamental.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
«Guarachi está operando, sigue operando y nadie se da cuenta. Desde la cárcel están operando. Estaban operando también el tema del tráfico del diésel», aseguró Jiménez y argumentó que las protestas buscan restaurar ese negocio ilícito ahora desarticulado.
Asimismo, la diputada Claudia Bilbao reveló lo que, según el oficialismo, sería el verdadero objetivo de la COB, el chantaje por cargos públicos. Denunció que la central sindical exigió al Gobierno de Rodrigo Paz «tres ministerios» a cambio de levantar las movilizaciones, una petición que calificó de inaceptable. «No podemos permitir el chantaje, no podemos permitir que la COB quiera chantajear a nuestro presidente y a este cambio que hoy se está dando en Bolivia», sostuvo Bilbao.
En un ataque directo a la legitimidad histórica de los dirigentes, Bilbao cuestionó su silencio pasado frente a la corrupción y el contrabando. «¿Por qué no ha dicho nada hace dos, tres, cuatro, 10 años la COB?», preguntó retóricamente e insinuó que las protestas son oportunistas y no responde a un genuino interés nacional, sino a la pérdida de privilegios.
Ambas diputadas pidieron a los dirigentes sindicales que «aprendan a trabajar» y «dejen de vivir del Estado» y descalificaron su rol como representantes legítimos de los trabajadores. Bilbao concluyó al informar que los legisladores ya pidieron a Paz que no ceda a estas presiones y no «abra las puertas» a quienes, en su visión, solo buscan perpetuar un modelo de dependencia y dádiva estatal.