No obstante, el cuestionamiento central se mantuvo en la aparente disparidad de trato. Una legisladora cuestionó que “Arce debe ser tratado al igual que cualquier otro ciudadano” y recordó que durante los gobiernos del MAS muchos opositores fueron enviados a Chonchocoro, Obrajes y otros penales de adultos, lo que, según ella, establece el estándar de lo que “le corresponde a la justicia”.
Legisladores cargaron duramente contra la propuesta de la Fiscalía de enviar al expresidente y exministro de Economía, Luis Arce, al Centro de Rehabilitación Qalauma, una institución para adolescentes y jóvenes, para cumplir su detención preventiva por el caso FONDIOC, y exigieron en cambio su traslado inmediato a las cárceles de máxima seguridad de San Pedro o Chonchocoro. Los legisladores calificaron la opción de Qalauma como un trato privilegiado e inaceptable, en medio de la audiencia de medidas cautelares que se desarrolla contra el exmandatario.
“Es una vergüenza porque ni siquiera sus hijos son adolescentes. Luis Arce Catacora tiene que ir a San Pedro o a Chonchocoro. Claramente acá lo que hay es privilegios que no se pueden tolerar. Luis Arce Catacora ha sido un gran perseguidor y vulnerador de los derechos humanos”, afirmó el diputado Alejandro Reyes y señaló una contradicción entre el perfil del centro y la condición del detenido.
El diputado fue contundente al denunciar lo que percibe como un doble estándar en la justicia boliviana y enfatizó que la gravedad de los cargos, que implican una investigación por múltiples hechos de corrupción, amerita no solo una detención mayor a tres meses, sino que esta se cumpla en un recinto penitenciario acorde.
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“Por lo tanto, acá tiene que tener una prisión mayor a tres meses con una investigación y ampliación de varios hechos de corrupción que tiene que responder y en San Pedro o en Chonchocoro”, remarcó el legislador.
El legislador hizo un llamado urgente a jueces y fiscales para que reflexionen y eviten crear categorías de ciudadanos. “No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Reyes y expresó su temor de que la medida sea una “invitación a la libertad” o una “ventana de escapatoria” al tratarse de un penal de mínima seguridad, lo que, a su juicio, pondría en riesgo la propia investigación.
Desde otra bancada, el diputado del PDC Manolo Rojas aportó un argumento técnico al reconocer que traslados desde otras cárceles a Qalauma por motivos de seguridad son una práctica existente. “Tienen que saber ustedes como población que muchas veces los ciudadanos comunes se han trasladado desde San Pedro, desde Cantumarca… al centro de Qalauma, pese a que son mayores de edad, solo con fines de seguridad”, explicó Rojas, al sugerir que, si se cumplen todos los requisitos de seguridad y derechos humanos, la opción podría ser legalmente viable.
No obstante, el cuestionamiento central se mantuvo en la aparente disparidad de trato. Una legisladora cuestionó que “Arce debe ser tratado al igual que cualquier otro ciudadano” y recordó que durante los gobiernos del MAS muchos opositores fueron enviados a Chonchocoro, Obrajes y otros penales de adultos, lo que, según ella, establece el estándar de lo que “le corresponde a la justicia”.
Más allá del lugar de reclusión, los legisladores enfatizaron que el objetivo final no es solo el encarcelamiento. La misma parlamentaria aclaró que la postura de su bancada no se limita a que los acusados “vayan a la cárcel”, sino que “devuelvan todos estos presupuestos, este dinero que ha sido del Estado, el dinero de los bolivianos” y se enfatice en la recuperación de los recursos públicos desfalcados.