Durante la audiencia virtual, que se extendió por más de seis horas, el juez señaló que Arce no demostró arraigo suficiente para garantizar su permanencia en el proceso, remarcando que su condición de exmandatario y la posibilidad de contar con el apoyo, puede facilitar su fuga del país.
eju.tv / Video: Gigavisión
El juez 12º Anticorrupción de La Paz, Elmer Laura, fundamentó este viernes por la tarde su decisión de ordenar la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el expresidente Luis Arce Catacora basándose en cuatro elementos principales: riesgo de fuga, riesgo de obstaculización del proceso, falta de acreditación de su estado de salud y la insuficiencia de su edad como causal para medidas sustitutivas, como solicitó su defensa por el caso denominado Fondo Indígena.
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Durante la audiencia virtual, que se extendió por más de seis horas, el juez señaló que Arce no demostró arraigo suficiente para garantizar su permanencia en el proceso, remarcando que su condición de exmandatario y la posibilidad de contar con el apoyo, puede facilitar su fuga del país.
«Sobre el segundo fundamento, referido a la posibilidad de abandonar el país, el Ministerio Público presentó un informe migratorio (gestiones 2019–2025), dicho informe evidencia múltiples viajes al exterior, realizados tanto con pasaporte diplomático como con carnet de identidad, hacia países como Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Honduras, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Chile, Sudáfrica, Bélgica, República Dominicana, Cuba, Perú, entre otros. En Bolivia, para ingresar a países vecinos no siempre es necesario el uso de pasaporte, siendo suficiente el carnet de identidad. En consecuencia, esta autoridad considera que este fundamento del artículo 234.2 se encuentra plenamente vigente, ya que el imputado ha demostrado facilidad para salir del territorio nacional», sostuvo la autoridad judicial.
Asimismo, el juez destacó la existencia de un riesgo de obstaculización, explicando que el exmandatario puede influir en testigos y exautoridades implicadas en el caso Fondo Indígena, debido a su «alto nivel de poder político reciente y capacidad de incidencia en servidores públicos».
«Esta autoridad considera viable este fundamento, tomando en cuenta que actualmente, a un mes del cambio de gobierno, aún no se ha renovado personal en varias instituciones, particularmente en el Ministerio de Economía, donde continúan funcionarios que dependían directamente del imputado. Dado que varias de estas personas formaron parte de directorios o estructuras donde el imputado tenía autoridad, y considerando que aún deben ser convocadas para realizar actos investigativos, este riesgo también se considera vigente», enfatizó.
Otro elemento que pesó en la valoración judicial fue la falta de documentación médica actual, ya que el exmandario alegó problemas de salud pero no presentó certificaciones que estén vigentes que acrediten una condición que justificara medidas menos gravosas. El juzgado consideró que no existían pruebas que demostraran que una reclusión preventiva fuera incompatible con su estado físico.
Finalmente, el juez Laura aclaró que la edad del exmandatario, no constituye un factor determinante para evitar su encarcelamiento, debido a que Arce tiene 63 años, un rango que no se encuentra dentro de los grupos de especial vulnerabilidad, que aplica para las personas que tienen más de 65 años.
En conclusión sostuvo que los riesgos procesales señalados están plenamente vigentes, y que el daño económico investigado constituye un hecho grave en perjuicio del Estado, por lo tanto, se dispone su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por el lapso de cinco meses.
