La Ley de Permanencia Obligatoria establece que autoridades como el Presidente, ministros, gobernadores, y otros altos cargos deben permanecer en territorio nacional durante tres meses para facilitar la rendición de cuentas. Para ello, la Contraloría remite listas de exautoridades a Migración e Interpol, con el fin de asegurar el arraigo temporal y evitar la evasión de responsabilidades.
eju.tv / Video: BTV
La Cámara de Senadores aprobó una resolución que instruye a la Contraloría General del Estado y a la Dirección de Migración a hacer cumplir la Ley 1352, que establece la permanencia obligatoria de exautoridades del Órgano Ejecutivo por 90 días después de dejar el cargo. La medida busca evitar nuevas fugas, como la del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien se prevé que está en Brasil.
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La senadora del PDC, Ana Crispín, confirmó la aprobación de la resolución y afirmó que su aplicación es fundamental para garantizar la transparencia en la transición gubernamental. Su pronunciamiento surge luego de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Dorgathen salió del país de manera ilegal.
«Sí, nosotros estamos pidiendo que se dé cumplimiento a esta normativa para que no tengamos la salida de las autoridades. Justamente ayer se aprobó y hoy nos enteramos de que ya no está el expresidente de YPFB. Entonces, el que nada tiene, nada teme; el que ha hecho un buen trabajo no tiene por qué escapar. Tiene que estar acá; no hay persecución política, como se señala. Lo que todos los bolivianos hemos podido ver es que en esta economía ha habido responsables y hoy tienen que ser ellos quienes puedan pagar”, señaló la legisladora.
La senadora Cristina adelantó que, paralelamente a la resolución, se alistan peticiones de informe escrito para que las autoridades expliquen por qué no se cumplió con la normativa vigente.
“Lastimosamente, hay muchas autoridades de las que no sabemos dónde están, porque no existen aún los informes técnicos y legales. Nosotros, como comisión, hemos solicitado peticiones de informe escrito para contar con esa documentación y ser parte del proceso de fiscalización, de modo que podamos responsabilizar a las autoridades que han generado este malestar”, añadió.
La Ley de Permanencia Obligatoria establece que autoridades como el Presidente, ministros, gobernadores, y otros altos cargos deben permanecer en territorio nacional durante tres meses para facilitar la rendición de cuentas. Para ello, la Contraloría remite listas de exautoridades a Migración e Interpol, con el fin de asegurar el arraigo temporal y evitar la evasión de responsabilidades.