Ante este escenario, los parlamentarios exigieron al Ministerio Público que active de oficio todas las medidas cautelares, como el arraigo, para evitar que otros investigados sigan la misma suerte.
Diputados y senadores de la oposición exigieron la inmediata extradición del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, desde Brasil, tras la difusión de fotografías que lo ubican en ese país, y calificaron su salida como una confesión tácita de culpabilidad ante las investigaciones por corrupción. Los legisladores cargaron contra la inacción del Ministerio Público y del Gobierno para evitar la fuga de exautoridades investigadas.
Al citar una frase atribuida al expresidente y líder cocalero, Evo Morales, el diputado de la Alianza Libre, Alejandro Reyes, fue categórico al vincular la ausencia de Dorgathen con una admisión de responsabilidad. “Armin Dorgathen por supuesto que tiene que dar la cara y si no, como decía Evo, ‘todo el que se escapa es un delincuente confeso’, y claramente acá hay mucho que explicar sobre la corrupción de YPFB, por eso esperamos que la Cancillería y el Ministerio Público emitan de una vez y pidan la extradición de Dorgathen del Brasil”, declaró el parlamentario de Libre.
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Por su parte, la senadora de Libre, Tomasa Yarhui, también criticó el incumplimiento de una normativa clave, la obligación de las autoridades de permanecer en el país por tres meses tras culminar su gestión para la rendición de cuentas. “Autoridades que culminan una gestión, tres meses tienen que estar para hacer la rendición de cuentas, pero lamentablemente pues no se cumple la ley”, señaló Yarhuim que apuntó a un fallo sistémico que facilita la impunidad.
Otro senador opositor amplió la crítica y señaló una contradicción entre los actos legislativos y la realidad. “Es sorprendente que pese a que nosotros como Cámara de Senadores hemos aprobado una resolución exigiendo la alerta migratoria, sin embargo vemos que ex autoridades están fugadas ya del país”, afirmó y cuestionó la eficacia de los mecanismos de control y la voluntad política para aplicarlos.
El reclamo legislativo se da en el marco de una investigación fiscal ya formalizada. La Fiscalía de La Paz ha presentado una imputación contra Dorgathen y cinco exgerentes de YPFB por presuntos hechos de corrupción en el denominado ‘caso Botrading’, que involucra irregularidades en una filial en Paraguay y presuntos sobreprecios en la compra de combustibles. El Ministerio Público ha solicitado detención preventiva de cuatro meses para todos los implicados.
Ante este escenario, los parlamentarios exigieron al Ministerio Público que active de oficio todas las medidas cautelares, como el arraigo, para evitar que otros investigados sigan la misma suerte.