El objetivo de los parlamentarios es claro: forzar al vicepresidente, mediante un mandato judicial, a que revele las pruebas de sus acusaciones o se retracte oficialmente.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) respondió con la amenaza de un proceso penal al vicepresidente Edmand Lara, luego de que este calificara a los legisladores como «delincuentes» y a las cámaras como «una olla de corrupción» por supuestos cobros para favorecer a postulantes a vocales electorales. El anuncio, hecho por el diputado de Libre, Omar Muriel, marca una escalada sin precedentes en el conflicto interno del oficialismo y profundiza la crisis de gobernabilidad, llevando la pugna política al terreno judicial.
«Hemos decidido realizar el proceso penal que corresponda hasta llegar a las últimas instancias y si tiene que hacer una retractación de sus aseveraciones, pues que lo haga en forma pública mediante una resolución judicial en la cual le obligue a decir», declaró Muriel que fijó el inicio de las acciones legales para la segunda semana de enero de 2026, tras el receso legislativo.
El objetivo de los parlamentarios es claro: forzar al vicepresidente, mediante un mandato judicial, a que revele las pruebas de sus acusaciones o se retracte oficialmente.
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Más allá de las acusaciones de corrupción, los legisladores apelan a un principio de respeto institucional. «Y lógicamente hay que tener un respeto entre autoridades. Él como vicepresidente y nosotros que representamos a la población nacional, no puede existir un manejo de ese discurso», concluyó la parlamentaria.
El proceso penal anunciado contra el vicepresidente refleja la profundidad de la fractura en la coalición de Gobierno. Las declaraciones de Lara han convertido esta pugna política en una batalla legal. Este paso judicial no busca solo defender el honor de los legisladores, sino ejercer una presión máxima sobre Lara, para obligarlo a fundamentar sus explosivas declaraciones o a enfrentar las consecuencias legales de lo que el Parlamento considera una grave injuria.