Un operativo policial para desbloquear el vertedero de Cotapachi terminó con dos comunarios muertos, más de una decena de heridos y la aprehensión de un subteniente; causas como límites territoriales, impactos ambientales e intereses privados, siguen sin resolverse.
La Policía asegura que movilizados de Cotapachi actuaron con violencia. Foto: Los Tiempos
El 8 de diciembre un operativo en el botadero de Cotapachi, en el eje metropolitano de Cochabamba, derivó en un enfrentamiento que dejó al menos dos muertos y más de una decena de heridos; la fiscalía abrió una investigación y la Policía aprehendió a un subteniente señalado como presunto autor de disparos, quien aseveró que su actuación fue en defensa propia ante la hostilidad y violencia con la que actuaron los manifestantes.
El conflicto en Cotapachi es la culminación de semanas de tensión, debdio a que desde finales de noviembre los pobladores bloquearon el ingreso al botadero exigiendo la aclaración de límites del predio y el cierre técnico del sitio, por el daño ambiental y sanitario que supuestamente genera la operación a cielo abierto. La acumulación de basura en calles y avenidas obligó a declarar emergencia sanitaria en las zonas afectadas.
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En la intervención del lunes, las autoridades señalaron que actuaban para cumplir una resolución judicial que ordenó liberar el acceso al vertedero, pero testigos y familiares de las víctimas denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza y disparos irregulares por parte de efectivos. Organizaciones sociales hablan de ‘represión’ y exigen que la investigación sea independiente.
La comisión de fiscales trabaja en la zona de Cotapachi desde el martes. Foto: Opinión
Mientras tanto, los gobiernos municipales de Colcapirhua y Quillacollo se lanzan acusaciones sobre responsabilidades administrativas y contratos relacionados con la operación del botadero. Los comunarios reclaman la delimitación del predio y el cierre técnico del colector de los desechos sólidos, mientras las autoridades municipales y las empresas privadas se cruzan acusaciones.
El alcalde de Colcapirhua apunta también a la presencia de intereses de empresas privadas en el negocio del recojo de basura, lo que pudo haber alimentado la disputa. Esa versión fue reforzada por declaraciones de otros actores municipales que aluden a ‘intereses económicos’ alrededor del manejo de residuos. Los líderes comunales, por su parte, exigen el cierre técnico del botadero y la relocalización de la operación fuera de áreas habitadas.
Desde el Viceministerio de Régimen Interior se informó que fiscales se trasladaron al lugar para coadyuvar en las pesquisas y la Policía anunció actuaciones que derivaron en la aprehensión de un subteniente como presunto autor de homicidio; familiares y organizaciones piden detenciones y sanciones para ‘quienes dispararon contra la población’. Sin embargo, esposas de policías y familiares del subteniente que admitió haber hecho uso de su arma de fuego durante los hechos pidieron respaldo institucional y cuestionaron el accionar de la Fiscalía, que decidió procesarlo penalmente por la muerte de dos comunarios.
Los expertos recaban las pruebas para dilucidar los hechos del lunes. Foto: Opinión
Ruth Ajacopa, representante de la Asociación de Esposas de Policías, expresó su rechazo a las acusaciones y aseguró que el subteniente actuó únicamente para proteger su vida y la de sus camaradas. “Es lamentable cómo está actuando el Ministerio Público. Se está atacando a la Policía cuando ellos solo cumplían una misión y una resolución judicial. ¿Quién va siempre en primera línea? El policía, la familia policial. Y aun así les inician procesos por defender su integridad y su vida”, manifestó.
Los responsables de las bandas que operaron en la violencia del lunes en Cotapachi, Cochabamba, serán investigados y sancionados penalmente, por lo que el caso no se cerró con la identificación del origen de los disparos que acabaron con la vida de dos personas, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. “Hemos instruido que estas personas sean investigadas y sancionadas, esto no ha acabado acá”, explicó. La Fiscalía declaró en reserva la investigación de oficio por la violencia en esta región por conflicto de límites.
La tragedia de Cotapachi pone en evidencia nuevamente los problemas recurrentes en el país sobre límites, existe una ausencia de deslinde jurídico claro del predio, deficiente gestión de residuos y vacíos en los mecanismos de diálogo entre municipios, comunidades y empresas. El meollo del asunto pasa por identificar quién tiene la titularidad efectiva del terreno, además del plan de cierre técnico y contención ambiental que se ejecutará en el sector observado. A ello, después de la jornada luctuosa del lunes, aumenta la interrogante si se garantizará justicia imparcial para las víctimas.