La Central Obrera Boliviana (COB) se mueve entre sentarse a dialogar con el Gobierno y radicalizar su protesta con bloqueos en las carreteras, lo que pone en evidencia contradicciones estratégicas y la sombra de prácticas políticas que datan de décadas de relaciones con el MAS.

Rodrigo Paz cumple dos meses al frente del Estado y su gobierno afronta la mayor movilización social por el Decreto Supremo 5503; en ese contexto, en el que la actual administración convocó al diálogo para poder tender puentes y coincidencias sobre la controvertida norma, la COB ha exhibido una conducta ambivalente; por un lado, por fin acepta participar en la mesas de diálogo, después de dejar plantados a ministros en una ocasión, y, al mismo tiempo, convoca a la radicalización de los bloqueos en el territorio nacional.
Analistas señalan que esta posición contradictoria no es un accidente, sino el resultado de décadas de relaciones políticas entre la COB y el Movimiento al Socialismo (MAS), con sectores sindicales cooptados y dirigencias que han adquirido privilegios políticos y recursos, lo que socavó su independencia real frente a gobiernos y elites políticas. El resultado: dirigentes que se rehúsan a perder los beneficios que tuvieron durante los 19 años de ejercicio del poder del partido azul tanto con Evo Morales como con Luis Arce Catacora.
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La pasada jornada, el Gobierno de Paz reanudó las mesas de diálogo con ente matriz de los trabajadores para buscar soluciones al conflicto desencadenado por el Decreto Supremo 5503, que genera rechazo por eliminar subsidios clave a combustibles y aplicar ajustes económicos estructurales. El diálogo se instaló tras tensos momentos y tras liberación de detenidos, con presencia de ministros y dirigentes sindicales, aunque con movilizaciones aún activas en diferentes rutas del país, las cuales, en lugar de mermar, día que pasa se incrementan.

Aun así, la COB mantiene convocatorias para continuar con los bloqueos nacionales indefinidos, incluso en medio de las negociaciones, en cumplimiento –alega la dirigencia– a resoluciones de ampliados departamentales. Esta alternancia entre diálogo y presión (bloqueos que se masifican y mesas técnicas abiertas) refleja una estrategia dual de confrontación y negociación que, para algunos analistas, revela más debilidad que fuerza política cohesionada.
Expertos coinciden en que la actual coyuntura de la COB no es aislada, sino parte de un proceso histórico de relaciones con el MAS y de tensiones internas. Yerko Ilijic afirma que la COB ya no representa de forma fiel los intereses de la clase trabajadora, sino que está capturada por su burocracia sindical y por acuerdos con partidos políticos que la han debilitado como organización independiente.
Otros comentaristas han señalado que sectores de la COB, y particularmente sus dirigencias, tienden a actuar con lógicas más políticas que sindicales, lo que incluye posturas que parecen disputar legitimidad tanto con el Gobierno como con sus bases. Esta crítica se enmarca en un debate más amplio sobre la transformación de la COB de una organización genuinamente de trabajadores a un actor político dependiente de alianzas con gobiernos y con un creciente aparato burocrático.

Para el politólogo Diego Ayio, la COB fue un ‘agente sindical’ del MAS, porque pasó de la resistencia al neoliberalismo en las jornadas luctuosas de 2003 a ser una agencia ‘revolucionaria’ al servicio del régimen azul. Esta transformación significó que la organización de defensa de los sectores obreros y revolucionarios, por esencia contestataria al modelo político-económico vigente, se convierta en un pilar ideológico del MAS y en un aliado acérrimo de las políticas esgrimidas por Morales y Arce durante sus mandatos.
La relación histórica entre la COB y el Movimiento al Socialismo (MAS) es clave para entender la situación actual, ya que hubo un proceso hegemónico sostenido entre el MAS y el movimiento obrero sindical, con etapas de reorganización, control y disputas a lo largo de los años de gobierno de ese partido. Este proceso implicó más que reformas laborales, la generación de estructuras sindicales que favorecieron tendencias afines al gobierno de turno, hecho que debilitó la capacidad de la COB de actuar como contrapeso autónomo.
Para Ayo, “no fue solo un apoyo ideológico, sino un sistema de cooptación institucional y de beneficios directos para la cúpula dirigente. El MAS ofrecía sedes, vehículos, cargos públicos y blindaje legal y, a cambio, la COB ofrecía lealtad política, control de las bases sociales y el uso de la fuerza sindical para la defensa gubernamental”. Solo en el gobierno de Arce, se hicieron varios ‘regalos’ a organizaciones sindicales. Según el viceministro Julio Linares, estos sectores recibieron 79 vehículos, además de sedes, hoteles, pasajes y viajes con viáticos al interior y exterior del país.

Por ello la explicación sobre el accionar de los dirigentes obreros, quienes apuntan a debilitar al gobierno actual. Esto se explica porque aun cuando el MAS perdió su hegemonía en 2025 y enfrenta una crisis política profunda, ese legado de relaciones entre esa tienda política y las organizaciones sindicales, incluida la COB, no desaparece de inmediato, y parte de los liderazgos actuales proviene de ese ciclo de alianzas y dependencias.
Esa ambivalencia de la COB señala que la dirigencia sindical puede estar más enfocada en su protagonismo político y en garantizar ventajas burocráticas que en articular una respuesta coherente a las demandas reales de sus bases. Las arengas a los cercos ‘en defensa de los derechos laborales’ se entrelazan con la lógica de presionar al Gobierno desde afuera y adentro de la mesa de diálogo. Esas prácticas se asemejan más a la política tradicional que a la defensa de intereses laborales genuinos
Ahora, toda esa ambivalencia se traslada al escenario de diálogo. Para el economista Gonzalo Chávez, el Gobierno apuesta al desgaste, espera que una COB debilitada, ‘golpeada por los años de cogobierno y las dádivas recibidas en la administración anterior, se canse antes de llegar al clímax’. Por su parte, la dirigencia obrera entiende que aún puede convocar “una insurrección popular de temporada alta, capaz no solo de tumbar el Decreto Supremo 5503, sino de paso al propio gobierno. Ambición no falta; realismo, quizá sí”, sentencia el analista.