Mientras la situación política en Venezuela se profundiza tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, Bolivia vive un debate interno marcado por tensiones entre la defensa de la soberanía y la búsqueda de soluciones pragmáticas que respondan a la crisis regional y a las prioridades nacionales.
El ataque estadounidense del pasado sábado fue letal. Foto: Clacso
Los últimos acontecimientos en Venezuela, que culminaron con el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa mediante una intervención militar estadounidense que ha reconfigurado el mapa político de la región, han generado reacciones diversas en Bolivia, donde actores gubernamentales, políticos, activistas y sectores sociales enfrentan la tensión entre la adhesión ideológica a la revolución bolivariana y las posturas más pragmáticas vinculadas al respeto al derecho internacional y la estabilidad regional.
Aún sin dilucidarse la situación política del país sudamericano –se estima que en esta jornada Dalcy Rodríguez asumirla la presidencia– desde el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, la posición oficial ha sido cuidadosa y más comprometida con el Estado de derecho en esa nación. La Cancillería boliviana expresó un ‘firme e inmediato apoyo al pueblo venezolano’ en su proceso democrático e institucional, e hizo énfasis en la importancia de la paz, la democracia y la cooperación internacional para garantizar asistencia humanitaria y protección de civiles.
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El canciller Fernando Aramayo ha señalado que los acontecimientos en Venezuela pueden representar un ‘punto de inflexión’ para América Latina, interpretados como una señal de que ‘se acabó la impunidad’ de gobiernos que restringen libertades y manipulan instituciones, aunque también subrayó la necesidad de enmarcar toda evaluación dentro del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Aramayo dijo que la caída de Nicolás Maduro es el inicio de un nuevo tiempo para este país y remarcó que se acabó el ‘narcoestado’.
“Se inicia un nuevo tiempo para Venezuela, se acaba con un gobierno que ha acompañado un proceso de abuso de poder, ha instalado un gobierno de corrupción, un narco Estado, que ha logrado que 7 millones de venezolanos abandonen su país”, afirmó Aramayo, quien sostuvo también que el derecho internacional no ampara a quienes son acusados de violar el Estado de derecho o romper la vigencia del orden democrático, en alusión a la última elección en ese país, donde se denunció un gigantesco fraude promovido por Maduro y sus colaboradores.
Uno de los vehículos militares alcanzados por el fuego estadounidense. Foto; Reuters
Aramayo resaltó que la situación de Venezuela tiene leerse desde su complejidad y la situación que viene enfrentando en los últimos 26 años. “El carácter del presidente constitucional en Venezuela es un hecho jurídico controvertido. Recuerden el conjunto de observaciones y rechazo de muchos países al proceso electoral del 2018 y luego el 2024. Este no es un tema menor, porque cuando se apela al derecho internacional estamos hablando de un conjunto de principios que aplican a presidentes constitucionales”, remarcó.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz emitió un mensaje en el que indicó que el país siempre defenderá el respeto a la democracia. “Bolivia reafirma que la salida para Venezuela es respetar el voto, que representa la verdadera voluntad popular”, sostuvo. “La libertad no se negocia. La dignidad de los pueblos tampoco. Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía. Bolivia siempre estará al lado de la democracia, la institucionalidad y respeto a los derechos humanos”, escribió en sus redes sociales.
El Ejecutivo boliviano ha optado por no romper relaciones diplomáticas con Venezuela, empero, aplica medidas de control migratorio específicas contra funcionarios vinculados al régimen de Maduro tras la crisis institucional. ““Bolivia ha dispuesto la aplicación de medidas de control y restricción migratoria para el ingreso a su territorio de funcionarios, exfuncionarios, miembros de fuerzas de seguridad y otros actores directamente vinculados a estructuras de poder responsables de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y del deterioro democrático en ese país”, señala un comunicado de la Cancillería.
En el plano ideológico, sectores más cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) y movimientos sociales han reiterado su solidaridad con el pueblo venezolano. Tras la captura de Maduro, el expresidente Evo Morales condenó el operativo de las fuerzas estadounidenses en contra de su aliado y denunció una violación a la soberanía del territorio venezolano, acción asumida como una invasión. “Trump es el nuevo Hitler del mundo. Con la fuerza de las armas, la ambición de recursos naturales, el odio, la difamación y criminalización a pueblos y líderes antiimperialistas, invade, mata y asalta países impunemente”, escribió en sus redes sociales.
El canciller Fernando Aramayo fijó la posición del país frente a la crisis venezolana. Foto: MRE
Similar posición fue la expresada por Luis Arce Catacora, quien se pronunció desde su reclusión sobre la captura de Maduro y su esposa. “Repudiamos de manera categórica la intervención militar de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”, señala el mensaje. El exjefe de Estado calificó este hecho como un “atentado sin precedentes a la autodeterminación de un pueblo libre que merece respeto y autonomía para tomar sus decisiones”.
En consecuencia, exigió un pronunciamiento de la comunidad internacional y la intervención de la Naciones Unidas para evitar que el conflicto escale. Sin embargo, criticó duramente la acción estadounidense, porque –dijo– muestra que la intención de Trump fue hacerse de los recursos naturales de la nación caribeña. “Queda claro que la finalidad de EEUU nunca fue la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino apoderarse del petróleo venezolano y otros recursos naturales, y someter al pueblo bolivariano a sus intereses”, refirió.
En un contexto regional más amplio, cabe recordar que Bolivia participó en declaraciones conjuntas del Mercosur, en las que se expresó preocupación por las violaciones a derechos humanos del régimen chavista en Venezuela, como la persecución política y las desapariciones forzadas, y se instó a una solución pacífica y democrática para la crisis. El ministro Aramayo representó al país en ese pronunciamiento, que equilibra la solidaridad regional con el llamado al respeto de derechos fundamentales. Cancillería Bolivia
El debate público en Bolivia transita así por un terreno marcado por contradicciones y matices. Por un lado, autoridades y activistas que mantienen una identidad política con el denominado Socialismo del Siglo XXI defienden la soberanía de Venezuela frente a cualquier intromisión externa. Por otro, la posición de varios países de la región que privilegia el respeto al derecho internacional impulsa a sectores gubernamentales a adoptar posturas más pragmáticas, que reconocen la necesidad de un proceso de transición institucional en Venezuela sin vulnerar normas multilaterales.